Guayaquil, Ecuador
Durante ya varios años poco ha cambiado la realidad laboral de nuestro país, donde solo tres de cada diez ecuatorianos tienen un empleo formal, este paro institucional o involuntario resulta cuando una relación laboral no puede llevarse a cabo porque el Estado la impide por la fuerza con su excesiva regulación.
La idea de que el Estado debe regular las relaciones laborales y los salarios de forma monopolística sucede porque se asume el trabajo como si fuera una realidad uniforme donde todos los empleos sin importar su actividad deben ganar igual y todos gozar de los mismos beneficios. Pero nada más lejos de la realidad.
Cada trabajador tiende a cobrar lo que aporta al proceso productivo, a esto se debe sumar el hecho de que mientras más inversiones y empresas existan, mayor será la competencia por la mano de obra disponible. Cuando existe competencia entre empleadores por contratar, no tienen más remedio que ofrecer mejores retribuciones y beneficios.
Las leyes del salario mínimo y los supuestos derechos laborales, que no son más que privilegios para unos pocos, prohíben trabajar a aquellas personas cuya aportación al proceso productivo es inferior a un mínimo que fija el gobierno arbitrariamente.
El resultado es siempre el mismo: unos pocos trabajadores, los que conservan su puesto, salen favorecidos a costa de aquellos que están obligados a quedar en el subempleo o sin empleo formal. Toda esta legislación prohíbe ganarse la vida a los trabajadores menos productivos.
Todas las mal llamadas conquistas sociales que dicen otorgar ventajas y beneficios solo reducen la porción del salario percibida por los trabajadores y que no son más que restricciones a la libertad de estos.
Para el economista Jesús Huerta de Soto, los sindicatos que apoyan este tipo de políticas que se implementan por medios coactivos solo demuestran la gran falta de solidaridad que existe entre los propios trabajadores y es en estos casos donde resulta más patente.
La única forma de conseguir más empleo y aumento de los salarios reales es fomentar el ahorro, la acumulación de capital, la inversión y el libre ejercicio de la empresarialidad. Los salarios y beneficios reales tienen su origen en la producción y competencia, no en decretos y órdenes ministeriales. Hay que echar al tacho nuestro caduco código laboral de 1938 para pasar a un sistema que permita diferentes formas voluntarias de contratación.
Es por todo lo que he mencionado que gran parte del desempleo en el Ecuador es consecuencia de la intervención del gobierno y sindicatos en el mercado laboral.