Un grupo de expertos y relatores de Naciones Unidas mostró este viernes su alarma por la represión en Ecuador contra las protestas que comenzaron el 22 de septiembre y se prolongaron hasta el mismo día de este mes, en las que denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza.
Ello incluyó la utilización de gases lacrimógenos y municiones letales durante las protestas, que según algunas fuentes se saldaron con al menos tres fallecidos, 282 heridos, 172 detenidos y al menos 15 desapariciones forzadas.
También criticaron la congelación sin orden judicial de cuentas bancarias y la vinculación sin pruebas del paro nacional con acciones terroristas del crimen organizado, lo que se tradujo en varias detenciones por presuntos delitos como terrorismo, lesiones o instigación.
«Este patrón de ataques parece estar diseñado para silenciar a las organizaciones de la sociedad civil y a los pueblos indígenas», señalaron los expertos.
Mostraron además su preocupación por «el grave deterioro de las libertades fundamentales y del espacio cívico, así como de los derechos de los pueblos indígenas», incluyendo restricciones a los derechos de asociación, reunión y expresión.
«La respuesta militar a las protestas sociales, junto con la recurrente declaración de estados de excepción desde enero de 2024, son incompatibles con la obligación del Estado de proteger y facilitar el derecho a la manifestación pacífica», destacaron.
El grupo de expertos también rechazó el acoso y la persecución que ha sufrido la Corte Constitucional de Ecuador al ser declarada «enemiga del pueblo».
Precisamente ese órgano superior de justicia declaró como inconstitucionales varios de los estados de excepción declarados por el Ejecutivo.
El mes pasado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó un paro nacional para protestar por la eliminación del subsidio al diésel, a lo que se sumaron las quejas por el aumento del IVA, la implementación de proyectos extractivos sin el consentimiento indígena y la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
Firmaron el comunicado de este viernes nueve expertos y relatores de la ONU, entre ellos los encargados por velar por la libertad de asociación (Gina Romero), la independencia judicial (Margaret Satterhwaite) y los derechos de los pueblos indígenas (Albert Barume). EFE (I)