Quito, Ecuador
La retirada progresiva del apoyo económico, logístico y militar de los Estados Unidos a Colombia marca un punto de inflexión en la arquitectura de seguridad de América del Sur. Durante más de dos décadas, Colombia fue el epicentro de la estrategia hemisférica de combate al narcotráfico; su cooperación con Washington, a través del Plan Colombia y programas posteriores, permitió contener el flujo de cocaína hacia los mercados internacionales y estabilizar el control territorial del Estado.
La llegada al poder del presidente Gustavo Petro y el giro ideológico de su administración modificaron esa ecuación: el repliegue de la erradicación forzosa, la suspensión parcial de operaciones aéreas y la priorización de la sustitución voluntaria han derivado en un incremento sustancial de las hectáreas cultivadas de coca y en la reactivación de rutas ilegales.
Estados Unidos, en respuesta, ha iniciado una descertificación de su asistencia, retirando recursos financieros, asesores militares y capacidades logísticas críticas que antes sustentaban la lucha antidrogas colombiana.
Ecuador se encuentra ahora en la línea directa de ese reacomodo geopolítico. La disminución del control colombiano sobre su territorio fronterizo genera un efecto inmediato de desplazamiento del narcotráfico hacia el sur. Las organizaciones criminales que operaban en Nariño, Putumayo y Cauca están expandiendo sus corredores logísticos a, Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos y la franja costera ecuatoriana, aprovechando la cercanía a los centros de producción y procesamiento de cocaína y la conectividad con los puertos del Pacífico.
Este movimiento no solo incrementa la presión sobre las fuerzas de seguridad ecuatorianas, sino que también eleva los niveles de violencia, corrupción y penetración criminal en estructuras locales. El país enfrenta, por tanto, un riesgo doble: convertirse en plataforma logística de tránsito y, simultáneamente, en laboratorio operativo para redes que buscan consolidar control social y territorial -santuarios criminales y microestados delictivos en áreas rurales y urbanas.
La retirada del apoyo norteamericano a Colombia altera la correlación regional de poder y debilita los mecanismos de cooperación conjunta en materia de inteligencia e interdicción. Las operaciones combinadas, el intercambio de información táctica y el soporte tecnológico en vigilancia aérea y marítima se reducen drásticamente.
Ante esa pérdida de la capacidad operativa en Colombia, Ecuador deberá compensar con recursos propios el déficit de inteligencia y de monitoreo fronterizo, incrementando su gasto militar, fortaleciendo su sistema de defensa y reestructurando su aparato de seguridad interna mediante la creación de una o varias Fuerzas de Tarea Conjuntas (FTC) en la frontera binacional.
Este proceso implica riesgos institucionales, pues podría generar sobrecarga presupuestaria, dispersión de medios operativos y vulnerabilidad ante infiltraciones del crimen transnacional. La frontera norte se transforma en un espacio de contención de amenazas múltiples que combinan narcotráfico, minería ilegal y delictiva, tráfico de armas, trata de personas y contrabando de precursores químicos.
La seguridad marítima y portuaria de las denominadas plataformas de exportación del alcaloide, constituye otro ámbito crítico de afectación. La reconfiguración de las rutas del narcotráfico aumenta el uso de los puertos ecuatorianos de Guayaquil, Posorja, Manta, Esmeraldas y puerto Bolívar en la Provincia del Oro, como puntos de embarque hacia Centroamérica y Europa.
Las organizaciones delictivas, al no encontrar la misma presión en Colombia, trasladarán sus centros de acopio y embarque hacia la costa ecuatoriana, infiltrando empresas exportadoras, autoridades portuarias y estructuras logísticas. La respuesta estatal deberá combinar operaciones de inteligencia financiera con control físico de cargas (scanner), fortalecimiento de la cadena de custodia y cooperación internacional en trazabilidad marítima. Ecuador pasará a ser en poco tiempo un nodo estratégico dentro de la geopolítica del narcotráfico global.
La consecuencia más delicada de esta descertificación es el aumento del riesgo de una correlación entre crimen organizado y estructuras locales de poder en Ecuador. La presión que generarán los grupos de crimen organizado transnacional para penetrar las estructuras gubernamentales puede derivar en procesos de captación política e institucional, así como en la corrupción de fuerzas del orden.
Si Colombia pierde capacidad de contención, los flujos de cocaína y capital ilícito encontrarán en el territorio ecuatoriano un entorno propicio para expandirse bajo mecanismos de penetración económica y social. La respuesta debe ser integral: fortalecer los sistemas de control interno, ampliar la cooperación judicial, mejorar los mecanismos de auditoría institucional y fortalecer las unidades de contra inteligencia. El Estado ecuatoriano requiere ahora una visión de seguridad multidimensional que combine inteligencia estratégica, desarrollo fronterizo, comunicación de riesgo y diplomacia preventiva.
En definitiva, la descertificación del apoyo norteamericano a Colombia redefine la ecuación de seguridad de Ecuador, el país pasa a convertirse en un actor de primera línea en la contención del narcotráfico.
Ecuador no puede limitarse a reaccionar frente a la expansión del problema; debe asumir el liderazgo en la construcción de un sistema de seguridad e inteligencia multidominio e interagencial a nivel regional, capaz de adaptarse a la nueva realidad y consolidarse como la línea de contención del narcotráfico en América Latina.