Noboa autoriza usar recursos extraordinarios para pagar salarios en salud y educación

Guayaquil (Guayas), 30 de octubre de 2025.- El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció la entrega de USD 4 millones en Créditos de Desarrollo Humano (CDH). Estos recursos, que se destinan desde el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), son una herramienta de política pública que dinamiza la economía de los usuarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y pensiones, con el propósito de incorporarlos a procesos productivos que generen empleo y autonomía económica para mejorar sus condiciones de vida. Foto: Isaac Castillo/Presidencia de la República.

Mediante la firma del Decreto 199, el presidente Daniel Noboa declara la excepcionalidad para financiar los gastos permanentes de salud, educación y justicia con ingresos no permanentes dentro del Presupuesto General del Estado. Con esta medida, el Gobierno ecuatoriano podrá cubrir los salarios de médicos, docentes, jueces y fiscales en 2026 mediante recursos provenientes del endeudamiento, la venta de activos o los ingresos petroleros.

La decisión se sustenta debido a la necesidad de asegurar la continuidad de los servicios públicos esenciales, ante la brecha entre los ingresos fiscales estables y las crecientes obligaciones del gasto público. El Ejecutivo justifica esta decisión ya que los ingresos permanentes han crecido a un ritmo menor que las necesidades presupuestarias, lo que hace necesario declarar una situación excepcional para mantener el equilibrio fiscal.

El decreto también deja fuera del presupuesto de 2026 el aporte temporal de 330 millones de dólares que las empresas realizaron en 2025 para reforzar la seguridad. Además, se prevé una reducción en los ingresos derivados del petróleo, lo que obliga al Gobierno a buscar fuentes alternativas para garantizar el pago de sueldos y el funcionamiento del aparato estatal.

Con esta medida, la administración de Noboa busca ganar margen de maniobra financiera y cumplir con sus compromisos en sectores clave, priorizando la estabilidad laboral de los servidores públicos en un contexto de menores ingresos y alta presión fiscal. (I)

Más relacionadas