Guayaquil, Ecuador
Nuestro país lleva más de una década con serios problemas estructurales que no logran ser resueltos, muchos de los cambios y reformas profundas que pueden llevarse a cabo para lograr los objetivos en el campo económico no necesitan de un cambio de constitución para poder ser implementados.
Uno de los más importantes y que a día de hoy enfrenta el Gobierno Nacional es el déficit fiscal creciente, gastar más de lo que obtiene por ingresos vía impuestos, una deuda que aumenta cada año y que es cubierta con más deuda.
Uno de los principales problemas de nuestra economía es que el gasto del Estado financiado por déficit no surge de un proceso de mercado sino de decisiones políticas, que en muchas ocasiones no están guiadas por precios de mercado, beneficios o perdidas reales, esto tiende a dirigir los recursos hacia usos menos productivos y creando en ciertas ocasiones, malas inversiones.
Las deudas del Estado deben ser pagadas, ya sea por medio de impuestos o adquiriendo nuevas deudas lo que implica impuestos futuros más altos. Esto significa que el gobierno se consume la riqueza hoy a costa del futuro, provocando una reducción de la inversión privada.
El déficit fiscal no es más que un síntoma del Estado sobredimensionado que tenemos los ecuatorianos, esto no solo es un problema técnico sino institucional por la intervención de nuestra clase política sobre la economía.
Su intervención incluso, modifica la estructura productiva de nuestro país en función de las decisiones políticas donde se decida hacer uso del dinero de todos nosotros. Lo ideal debería ser minimizar la capacidad del gobierno de manipular la economía por medio del gasto, por lo que se debe recomendar la reducción del mismo, una disciplina fiscal estricta y una limitación institucional al déficit.
De llevarse a cabo, los más beneficiados seremos los mismos ciudadanos, primero porque nuestras autoridades se podrán dedicar únicamente a las actividades esenciales mejorando los servicios y la calidad del gasto, dejando todo lo demás a la iniciativa privada.
Cuando el gobierno pueda pagar sus deudas con sus ingresos no será necesario más reformas tributarias e incluso podrá reducir impuestos, aumentando la seguridad jurídica, atrayendo inversiones y aportando a la reducción en el costo de vida de todos.
Esto debe venir acompañado por otras iniciativas como el cambio de nuestro caduco código laboral, la integración financiera, apertura comercial y un cambio al sistema de seguridad social. Para todo esto, solo es necesario una auténtica voluntad política.