El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) aseguró este jueves que su Gobierno «no intervino en nada» en el juicio local contra la petrolera Chevron que se inició tras denuncias de comunidades amazónicas, después de que el oficialismo responsabilizara al correísmo de la condena que obliga al Estado a pagar 220 millones de dólares a la empresa.
«JAMÁS el Estado fue ‘codemandante’ en el juicio contra Chevron-Texaco, y mi Gobierno no intervino en nada, como lo verificó el propio tribunal de La Haya. Eso sí, SIEMPRE respaldamos a nuestras comunidades indígenas y denunciamos la destrucción de la selva, y lo volveríamos a hacer un millón de veces», escribió Correa en su cuenta de la red social X.
Los legisladores del partido oficialista de Ecuador, Acción Democrática Nacional (ADN), señalaron el miércoles que, durante la época en la que el correísmo estaba en el poder, el Estado supuestamente «intervino» en el juicio y presuntamente «forjaron sentencias», lo que llevó a la condena internacional.
Por esa razón, pidieron que se trate en primer debate un proyecto de ley de repetición con la que buscan que el Estado pueda recuperar el dinero que debe pagarle a la petrolera y que este «salga del bolsillo de los culpables y no del bolsillo de los ecuatorianos».
El caso se inició en 1993 a raíz de las denuncias interpuestas por comunidades indígenas y de campesinos afectados por vertidos de la petrolera Texaco -adquirida por Chevron en 2001-, en la cuenca amazónica ecuatoriana entre 1964 y 1990.
Una sentencia emitida en 2011 por una corte del municipio amazónico de Lago Agrio cifraba en 9.500 millones de dólares la indemnización que debía entregar la empresa a los afectados, pero Chevron recurrió en instancias internacionales este fallo al alegar que fue obtenido supuestamente «a través de fraude, sobornos y corrupción». El tribunal arbitral de La Haya se pronunció a su favor en 2018.
El procurador general del Estado (abogado del Estado), Juan Carlos Larrea, aseguró este jueves que el país aún tiene tres meses para pedir una acción de anulación ante la Justicia de Países Bajos, pero que de forma paralela el Gobierno debe decidir «qué hacer con la obligación de pago».
«El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que decidir si la paga o si intenta plantear un acuerdo para un cronograma de pago», añadió en una entrevista con el canal Teleamazonas.
Larrea dijo que aunque lograr una anulación es algo «bastante complicado», la Procuraduría ha tenido «casos relativamente exitosos de anulaciones parciales», por lo que cree que deberían intentarlo. EFE