Ecuador inició una intervención estructural en sus sistemas de control portuario para cerrar espacios al crimen organizado y reducir los riesgos de corrupción. Estas actividades las hizo en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La iniciativa se implementará mediante la metodología MEGERIC, herramienta oficial del Gobierno Nacional para identificar, valorar y mitigar riesgos de corrupción en las instituciones públicas. La Secretaría General de Integridad Pública, los puertos y aduanas se encuentran entre los puntos más vulnerables frente a redes delictivas.
Por ello, se reunió a Responsables Institucionales de Cumplimiento del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), Policía Nacional y Ministerio del Interior, con el fin de consolidar una respuesta coordinada del Estado en estos espacios estratégicos además de gente especializada de la ONU para desarrollar más acciones en conjunto.
Esta alianza se dio en el marco de la Declaratoria de Intención conjunta entre las Naciones Unidas y la Presidencia de la República. En este contexto, el Gobierno de Canadá y la UNODC ejecutan en el país el proyecto “DISRUPT”, que prioriza acciones para prevenir y combatir la corrupción vinculada al crimen organizado, en este caso enfocadas al sistema portuario.
Acuerdos entre organismos
Durante la bienvenida, la Secretaría General de Integridad Pública subrayó que la prevención debe ser parte del sistema de control interno de las instituciones. Explicó que la MEGERIC permite definir pautas técnicas para gestionar los riesgos de corrupción mediante estrategias, acciones e indicadores concretos, y recordó que su aplicación es obligatoria para las entidades de la Función Ejecutiva.
Carla Suarez, oficial de Programa de la UNODC, destacó la relevancia del taller, desarrollado en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. “Creemos firmemente que una de las maneras más eficientes y sostenibles para el combate a la corrupción es la integridad”, señaló.
El Gobierno Nacional afirmó que, con este tipo de intervenciones, busca fortalecer mecanismos eficaces para enfrentar al crimen organizado, impulsando prácticas responsables y procesos de capacitación que doten a los funcionarios de las herramientas necesarias para cumplir sus funciones de control. (I)