Guayaquil, Ecuador
Como es costumbre y en su afán de mantener el bienestar del Estado por encima de los ciudadanos, aunque esto signifique poner en riesgo el futuro de todos nosotros, el gobierno sigue buscando la forma de obtener liquidez de corto plazo, mientras se consume el capital y los recursos que podrían haber servido a usos más productivos como la inversión.
En esta ocasión, la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria aprobó una resolución que modifica los porcentajes de encaje bancario exigido a bancos, cooperativas y entidades públicas.
El encaje bancario es el porcentaje de los depósitos de sus clientes que los bancos deben mantener obligatoriamente como reserva en el Banco Central, sin poder prestarlo para garantizar la liquidez del sistema financiero.
Con este cambio, se abre la puerta a que una proporción mayor de ese encaje se integre con bonos del Estado, antes los bonos públicos podían cubrir un 20% del encaje requerido. Sin embargo ahora, puede llegar al 45% del total, asegurándose el gobierno que más instituciones destinen sus recursos líquidos a financiar el presupuesto del Estado.
El aumento del encaje principalmente a las cooperativas, implica menos dinero para el sector productivo, pero esto parece ser de poca importancia para un gobierno que se preocupa más por financiar su déficit en gasto corriente e improductivo que en el crecimiento económico sostenido, la inversión y la creación de empleo.
Las reformas mínimas para mejorar y fortalecer verdaderamente al sector financiero de nuestro país mientras se contribuye al mejoramiento en la vida de los ciudadanos deberían ser la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para atraer capitales de todas partes del mundo y reducir el costo de vida.
Eliminar los techos a las tasas de interés, incentivando la competencia, precios reales de mercado y atrayendo a la banca extranjera. También hay que reducir, no aumentar el encaje legal, eliminando toda posibilidad de que este encaje se haga con bonos del Estado, eliminar todo control de precios a las tarifas por servicios bancarios, y finalmente eliminar el requisito de depositar el encaje bancario en el Banco Central, que en el pasado ya ha demostrado su incapacidad para ser realmente un ente técnico, convirtiéndose en uno de uso político.
Todas estas reformas servirían para acelerar el crecimiento económico que tanta falta nos hace y velar por fin en el bienestar del ciudadano que es a quienes debe servirse.