La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa, por el delito de tráfico de influencias, después que se conociera que «un funcionario del Consejo de la Judicatura» habría presionado al juez anticorrupción Carlos Serrano, para que beneficie con su voto (en la audiencia de juzgamiento de la que formaba parte) a un ciudadano serbio, de nombre Jezdimir Srdan, acusado de lavado de activos, en lo que se conoció como el Caso Euro2024.
El Caso Euro2024 es una investigación masiva sobre lavado de activos vinculada al narcotráfico de la mafia balcánica. Srdan era acusado por la Fiscalía como el líder de una red transnacional de movimiento de dinero hacia Europa.
Según un parte policial de inteligencia, mientras el tribunal, integrado por los jueces Carlos Serrano, Christian Fierro y Gabriela Lara, deliberaban sobre la sentencia, Srdan aprovechó un momento en que su micrófono estaba desactivado para deslizar su dedo índice horizontalmente por su cuello, lo que se considera un gesto universal de amenaza de muerte.
Según ha corroborado la cadena Ecuavisa, horas antes de la audiencia, el 20 de noviembre de este año, el juez Serrano fue presionado por «un miembro del Consejo de la Judicatura», de quien no se menciona el nombre, para que vote por la inocencia de Jezdimir Srdan.
Pese a las presiones, el 21 de noviembre pasado, el tribunal del que formó parte Serrano condenó al serbio a 10 años de prisión. Los jueces Carlos Serrano y Christian Fierro votaron por declarar culpable de lavado de activos al ciudadano serbio, la jueza Gabriela Lara salvó su voto, hallándolo inocente.
Presiones a los jueces
Días antes, la Policía desactivó un coche bomba detrás del complejo judicial, en la calle que da a la oficina de Serrano. Pese a todo, este 2 de diciembre el Consejo de la Judicatura le quitó la protección. Los dos policías que lo cuidaban le mostraron este oficio ordenando que dejen de acompañar al juez Carlos Serrano.
El magistrado decidió dejar de laborar desde el 17 de diciembre de 2025, al considerar que continuaba en riesgo extremo y sin protección institucional.
Su negativa a seguir trabajando en esas circunstancias complica la audiencia de juzgamiento en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que esta semana ha sido adelantada, del 30 de enero de 2025 para a que estaba convocada, para este 24 de diciembre de 2025.
