El juez anticorrupción Carlos Serrano, uno de los integrantes del Tribunal de Juicio del Caso Triple A, en que la Fiscalía acusa al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha presentado su renuncia irrevocable, tras denunciar «inminentes eventos que han amenazado su vida y su integridad».
Serrano ha reclamado al Consejo de la Judicatura el que le hayan retirado la seguridad que lo protegía, según ha asegurado él mismo en una comunicación enviada al mismo consejo, con fecha 17 de diciembre.
Las amenazas en su contra no tienen que ver con el juicio en contra de Aquiles Álvarez, sino por la condena a un narcotraficante, según ha revelado el propio juez Serrano.
Según ha corroborado la cadena Ecuavisa, en noviembre de este año, el juez Serrano fue presionado por «un miembro del Consejo de la Judicatura», de quien no se menciona el nombre, para que vote por la inocencia de Jezdimir Srdan, un ciudadano serbio acusado de lavado de activos.
Pese a las presiones, el 21 de noviembre pasado, el tribunal del que formó parte Serrano condenó al serbio a 10 años de prisión. Ese día, el sentenciado, según consta en este parte policial, cruzó su dedo índice bajo el cuello en señal de amenaza de muerte.
Audiencia contra Aquiles
Días antes, la Policía desactivó un coche bomba detrás del complejo judicial, en la calle que da a la oficina de Serrano. Pese a todo, este 2 de diciembre el Consejo de la Judicatura le quitó la protección. Los dos policías que lo cuidaban le mostraron este oficio ordenando que dejen de acompañar al juez Carlos Serrano.
El magistrado decidió dejar de laborar desde el 17 de diciembre de 2025, al considerar que continuaba en riesgo extremo y sin protección institucional.
Su negativa a seguir trabajando en esas circunstancias complica la audiencia de juzgamiento en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que esta semana ha sido adelantada, del 30 de enero de 2025 para a que estaba convocada, para este 24 de diciembre de 2025.
Aquiles Álvarez, que aparece como el principal opositor político del régimen, ha sido acusado por el Gobierno primero, y después por la Fiscalía General, de enriquecimiento ilícito en la venta de combustibles.
Álvarez alega que se trata de una persecución política.
Si la justicia logra sentenciar a Aquiles Álvarez en última instancia antes del mes de septiembre de 2026, no podrá correr para la reelección a la alcaldía de Guayaquil.
