El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró este miércoles una «emergencia económica y social» ante la crisis que vive el país, con medidas como el retiro de la subvención de los combustibles e incrementos del salario mínimo nacional y de algunos bonos sociales para proteger «a quienes más lo necesitan».
En un mensaje televisado, Paz anunció que se emitió un decreto que calificó como una «decisión histórica de salvataje de la patria» que permitirá «actuar rápido, coordinar al Estado y tomar acciones firmes para estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y crecer produciendo».
«Asumimos el Gobierno de un país profundamente herido en su economía, en sus reservas, sin dólares, con una inflación creciente, sin combustibles y con un Estado que fue vaciado desde adentro. Bolivia está enferma, la arrasaron como en la guerra. Nos dejaron solos, nos saquearon como país», aseguró el gobernante.
Paz, que tomó juramento el pasado 8 de noviembre, afirmó que recibió un país con «la peor crisis económica, financiera, social y ambiental» de su historia, con un «déficit «gigantesco, reservas internacionales agotadas», empresas públicas «saqueadas y un Estado convertido en botín por bandidos que gobernaron para sí mismos y no para el pueblo boliviano».
El mandatario señaló se declaró la «emergencia económica, financiera, energética y social porque Bolivia no podía seguir funcionando con normas de los últimos 20 años», de los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
«Hemos tomado una decisión central, proteger el bolsillo del pueblo y dar certidumbre en la energía y en los combustibles, con precios claros y con abastecimiento garantizado», manifestó Paz y remarcó la importancia de «sincerar» los precios de los hidrocarburos.
En Bolivia, el litro de diésel y gasolina se vende a un precio subvencionado que ronda los 0,53 dólares, que se mantuvo estable hace más de 20 años y que anualmente representa un costo al Estado de más de 2.000 millones de dólares.
El decreto anunciado por el gobernante establece incrementos en los precios de las gasolinas, diésel, kerosene, jet fuel y gas oíl, y mantiene solamente en 22,50 bolivianos (3,23 dólares) el coste de la garrafa o bombona de gas licuado de petróleo (GLP).
La gasolina especial costará 6,96 bolivianos por litro, equivalente a un dólar; la gasolina premium estará a 11 bolivianos (1,58 dólares); el litro de diésel a 9,80 bolivianos (1,40 dólares); la gasolina de aviación a 10,57 bolivianos (1,51 dólares) y el jet fuel a 10,74 bolivianos (1,54 dólares), que regirán por seis meses.
Paz también anunció un «régimen extraordinario de repatriación de capitales con 0 % de impuestos», con el fin de recuperar liquidez y también dijo que se liberarán las exportaciones y se retirará el diésel de la lista de sustancias controladas para facilitar su importación, entre otras medidas
Además, su Gobierno dispuso que desde el próximo 2 de enero, el salario mínimo nacional subirá un 20 %, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares) y que el monto se revisará a finales del próximo año en base a los «datos reales de inflación» y mediante un diálogo con los trabajadores y empresarios privados.
El presidente sostuvo que el decreto también «tiene un corazón social firme», pues dispone incrementos de la Renta Dignidad para adultos mayores, de los actuales 300 bolivianos a 500 bolivianos (de 43 a casi 72 dólares) y del Bono Juancito Pinto, un incentivo anual para evitar la deserción escolar, de 200 a 300 bolivianos (de 28,7 a 43 dólares).
Paz justificó que «no es asistencialismo, es ayudar a las familias que quedaron destruidas después del saqueo de los últimos 20 años».
Tras el mensaje presidencial, se formaron filas largas en las gasolineras y algunos sectores sociales amenazaron con movilizarse en contra del retiro de la subvención.
El lunes, el Ejecutivo presentó una comisión que investigará la supuesta corrupción en el área hidrocarburífera durante los Gobiernos de Morales y Arce, y también denunció un presunto daño económico de 2.595 millones de dólares por empresas y plantas industriales estatales «inviables» impulsadas en ambas administraciones. EFE (I)