Un juez de Ecuador convocó para este viernes una audiencia en la que se analizará el estado de salud del exvicepresidente correísta Jorge Glas, quien está encarcelado en la nueva prisión de máxima seguridad del país, después de aceptar a trámite un habeas corpus correctivo en el que se denuncia que sus enfermedades han empeorado, que no tiene atención médica adecuada y que sufre tratos degradantes.
El magistrado ordenó al Estado presentar obligatoriamente al exvicepresidente en la diligencia, que será presencial y telemática.
Además, como medida cautelar, dispuso que se ejecuten todas las medidas de seguridad necesarias para evitar «cualquier posible violación de sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal y a la salud».

Asimismo ordenó que, en el caso de necesidad médica justificada, Glas sea trasladado a un hospital o centro de salud público que recomiende su médico tratante para que reciba la atención requerida.
El juez pidió a las autoridades de la cárcel remitir toda la documentación médica sobre el exvicepresidente, la misma que deberá ser expuesta en la audiencia, junto con el informe jurídico y su prontuario penitenciario.
La abogada de Glas, Sonia Vera, había señalado el pasado martes que una reciente valoración médica integral realizada al exvicepresidente en el marco de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado octubre, que ordenaron al Estado ecuatoriano garantizar su salud física y mental, concluyó que necesitaba una «hospitalización inmediata no diferible».
Dijo que el informe señala que el Glas tiene «restricción para hidratarse» y que recibe «agua con características no compatibles con agua potable». Además, que supuestamente tiene «pérdida marcada de masa muscular, debilidad y hambre recurrente por alimentación insuficiente»; que «la medicación no está bajo control sanitario seguro» y que «el entorno lo enferma».
La defensa espera que el juez ordene este viernes su traslado a un hospital y que reciba el tratamiento que necesita.
El exvicepresidente está recluido en la nueva cárcel de máxima seguridad, emblema del presidente Daniel Noboa y ubicada en la provincia costera de Santa Elena, desde el pasado 10 de noviembre, luego de que lo movieran junto a cabecillas de bandas criminales desde la prisión La Roca, en donde permanecía desde 2024, cuando lo detuvieron en el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito para sacarlo a la fuerza, cuando ya había recibido asilo.
Fue uno de los hombres fuertes del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007 – 2017) y sobre él pesan tres condenas por delitos de corrupción, la última, de 13 años de cárcel, impuesta en junio por un delito de peculado cometido durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016. EFE (I)
