Quito, Ecuador
Desde Davos, Daniel Noboa pareció ensayar un papel nuevo en la escena regional: el del “Trump de los Andes”. No por el peinado ni por el volumen retórico, sino por la adopción súbita de una lógica política que privilegia el golpe arancelario, la presión económica y la señal de fuerza por encima de la diplomacia técnica y la cooperación institucional.
El anuncio de un arancel del 30% a Colombia activó de inmediato una pregunta incómoda pero pertinente: ¿estamos ante una crisis fronteriza concreta o ante la importación andina de una receta política asociada a Donald Trump, donde el conflicto comercial sustituye al diálogo y el gesto doméstico pesa más que el costo estructural?
He participado, observado y trabajado durante años en foros multilaterales. En esos espacios, el contenido no se mide solo por lo que se dice, sino por el contexto en el que se dice. Esa experiencia es la que vuelve particularmente inquietante la intervención de Daniel Noboa en Davos, tratada como tribuna política y no como el espacio de escrutinio internacional que es.
Davos: credibilidad, no aplausos
Conviene, entonces, detenerse en qué es Davos y para qué sirve. La reunión anual del World Economic Forum no es una plaza pública ni un acto de reafirmación interna, sino un espacio informal pero decisivo donde los Estados se explican ante inversionistas, organismos multilaterales y líderes políticos globales.
Allí no se adoptan decisiones vinculantes, pero sí se fijan marcos interpretativos, lenguajes y prioridades que influyen directamente en cómo se evalúan los países. Por eso, en Davos no se compite por aplausos, se compite por credibilidad.
Desde esa clave debe leerse lo ocurrido. El presidente ecuatoriano llevó a Suiza afirmaciones de extrema gravedad, como la existencia de financiamiento político proveniente del exterior y la profunda infiltración del crimen organizado en estructuras estatales, hasta el punto de disputar o reemplazar funciones propias del Estado. Son señalamientos que colocan en cuestión la capacidad estatal para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza.
Exponer el desorden no equivale a corregirlo
El problema no es nombrar esos riesgos, sino cómo se los presenta. Plantearlos en un foro internacional como Davos sin acompañarlos de información verificable sobre procesos judiciales en curso, reformas normativas concretas o salvaguardas democráticas claras desplaza el foco desde la corrección del problema hacia la exposición del desorden; y cuando, además, se sugiere que el propio diseño constitucional constituye un obstáculo operativo sin explicar cómo será fortalecido, aplicado o corregido, el mensaje que se proyecta es aún más inquietante.
En un espacio donde el Estado de derecho es entendido como un activo económico y político, señalar sin articular método ni una ruta institucional clara no esclarece, sino que erosiona.
Un liderazgo a la altura del escenario habría optado por otro registro. Habría hablado de cooperación judicial transnacional contra el lavado de activos, de fortalecimiento técnico de fiscales y jueces, de control civil efectivo del uso de la fuerza, de reforma penitenciaria con estándares verificables, de inversión social focalizada con indicadores medibles y de estabilidad normativa como condición indispensable para atraer inversión seria.
Eso es reconstruir confianza. Davos exige menos énfasis y más densidad, menos acusación y más diseño institucional, menos dramatización y más hoja de ruta. Ecuador tenía allí la oportunidad de presentarse como un país que enfrenta su crisis con sobriedad, legalidad y dirección estratégica. Lo que quedó fue la impresión de un discurso pensado para el consumo interno, trasladado sin mediación a un espacio que no premia el gesto, sino la consistencia.
Trumpismo: del discurso al castigo comercial
Ese mismo registro reapareció cuando, desde Davos, se anunció la medida que detonó la escalada entre Ecuador y Colombia. El presidente comunicó la imposición de una llamada “tasa de seguridad” del 30% a las importaciones colombianas, alegando falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en una frontera de más de 600 kilómetros.
La medida, presentada como excepcional, entraría en vigor el 1 de febrero y se mantendría hasta que, según Quito, exista un “compromiso real” de Bogotá.
La sospecha no es gratuita. El anuncio se produjo en el mismo escenario donde Noboa coincidió con figuras vinculadas al trumpismo, lo que alimentó la tesis de una influencia externa en la decisión y refuerza la lectura de que el arancel responde menos a un análisis técnico que a una lógica de alineamiento discursivo y estratégico.
Esa percepción fue confirmada por los gremios empresariales: la Cámara de Comercio Ecuatoriano Colombiana advirtió que la medida fue adoptada sin consulta al sector productivo y obedeció a una lógica estrictamente política.
El uso del arancel como instrumento de presión recuerda estrategias empleadas por la administración Trump para forzar cooperación mediante castigos económicos, incluso cuando los costos internos resultaban elevados.
Seguridad, comercio y el primer error de diseño
Aquí el problema deja de ser solo discursivo y se vuelve estructural. El planteamiento fusiona tres planos distintos: seguridad, comercio y balance bilateral. Esa mezcla es el primer error de diseño.
Como advertía Adam Smith, los aranceles organizan la economía en favor de intereses particulares, no del bienestar general. Al encarecer bienes importados, el Estado obliga a los consumidores a sostener artificialmente determinadas actividades y confunde deliberadamente el interés sectorial con el interés nacional. El lenguaje securitario no altera esa lógica. El costo sigue recayendo sobre la sociedad.
Desde el punto de vista económico, el impacto para Ecuador es inmediato y adverso. Más de la mitad de las importaciones desde Colombia corresponden a insumos esenciales, como materias primas, autopartes y productos farmacéuticos.
Un arancel del 30 % encarece los costos de producción, reduce la competitividad industrial y tiene un efecto inflacionario directo que termina trasladándose al consumidor. No es casual que la medida haya sido descrita por actores empresariales como un disparo al pie.
La reacción colombiana convirtió la tensión en una guerra comercial abierta. El gobierno de Gustavo Petro respondió con aranceles del 30 % a productos ecuatorianos y, de forma decisiva, con la suspensión temporal del suministro eléctrico a Ecuador.
Con ello, el conflicto abandonó el plano simbólico del comercio y se trasladó al de las interdependencias críticas, donde los costos son inmediatos y políticamente explosivos. Quito replicó con represalias en el transporte de crudo, consolidando una dinámica de confrontación económica que va mucho más allá del comercio de bienes.
El arancel como agresión y como ilusión
Este giro confirma una advertencia central de Friedrich A. von Hayek: cuando el Estado sustituye el sistema de precios por decisiones políticas discrecionales, distorsiona el principal mecanismo de información de la sociedad.
Los precios dejan de reflejar escasez y eficiencia para expresar voluntad política. El resultado no es coordinación, sino arbitrariedad, incertidumbre y deterioro institucional.
Desde una óptica liberal clásica, la crítica de Ludwig von Mises y Frédéric Bastiat converge en el mismo punto. Para Mises, el arancel constituye una agresión directa contra el intercambio voluntario y la llamada “tasa de seguridad” no es otra cosa que una transferencia forzada de riqueza legitimada por el poder público.
Bastiat permite entender la eficacia política inmediata de estas medidas: el beneficio visible, la señal de firmeza y la narrativa de defensa nacional se exhiben como justificación, mientras que los costos invisibles, inflación, encarecimiento de insumos, fragilidad energética y pérdida de confianza regional, se dispersan entre millones de consumidores.
Así, el arancel no solo empobrece materialmente, sino que convierte la frontera en un dispositivo de confrontación, allí donde históricamente había sido un espacio de cooperación.
Ecuador no es Estados Unidos
Aquí emerge una diferencia fundamental que el discurso oficial parece pasar por alto. Ecuador no es Estados Unidos. Carece del tamaño de mercado, del poder de negociación y del margen geopolítico que permiten a Washington absorber, aunque sea parcialmente, los efectos colaterales de políticas proteccionistas.
Medidas de este tipo, adoptadas sin un diagnóstico económico riguroso, tienden a encarecer insumos, distorsionar precios, castigar al consumidor y provocar represalias previsibles, sin resolver el problema que dicen enfrentar. Importar esas recetas y suponer que producirán los mismos resultados no solo es un error de cálculo, sino una forma de voluntarismo político.
El riesgo más profundo es estructural. La integración económica entre Ecuador y Colombia, que supera los 2.700 millones de dólares anuales, no es un accidente ni un eslogan diplomático: es el resultado de décadas de interdependencia productiva y de una frontera que ha funcionado más como espacio de cooperación que de disputa.
Convertir esa relación en rehén de pulsos políticos de corto plazo no solo erosiona confianza, sino que incentiva el contrabando, destruye empleo formal y expulsa a empresas de mercados estratégicos. En nombre de una firmeza mal entendida, se sacrifica una arquitectura económica construida durante años para obtener un rédito inmediato tan ruidoso como frágil.
Davos como espejo incómodo
Desde esta lectura, el problema ya no es únicamente el instrumento elegido, sino el lugar desde el cual se lo eligió y se lo anunció. Davos no es un foro neutral. Es un espacio donde los Estados son evaluados, no escuchados con indulgencia.
Allí los gestos se traducen en primas de riesgo, flujos de capital y juicios de previsibilidad. Anunciar desde ese escenario una política arancelaria punitiva, anclada en reproches de seguridad no demostrados institucionalmente, proyecta hacia afuera una imagen inquietante: la de un Estado que externaliza su fragilidad y convierte la confrontación en política económica.
La secuencia completa revela un patrón. Primero, un diagnóstico dramático del desorden interno presentado sin arquitectura institucional clara. Luego, la traslación de ese desorden al terreno comercial. Finalmente, la activación de represalias que escalan hacia sectores críticos como la energía.
No es una cadena de errores aislados, sino una misma lógica de conducción, en la que el gesto reemplaza al diseño y la presión sustituye a la cooperación. En ese marco, los aranceles no son una anomalía, sino una consecuencia.
¿Error o funcionalidad política?
Lo verdaderamente grave es la señal que queda instalada. Un país que utiliza un foro multilateral para exponer su vulnerabilidad sin método, y que responde a problemas estructurales con medidas coercitivas de corto plazo, no aparece como un Estado que controla la crisis, sino como uno que reacciona desde ella.
Para los mercados, para los socios regionales y para los propios ciudadanos, esa diferencia es decisiva.
Así, lo ocurrido en Davos no fue solo un error de política comercial ni un exceso retórico. Cabe preguntarse si se trató de una mala lectura del escenario internacional o de una decisión deliberadamente funcional a intereses que prosperan en la confrontación, en el endurecimiento discursivo y en la normalización de la excepcionalidad.
Davos no castiga la franqueza, castiga la ligereza; no penaliza decir verdades incómodas, penaliza no saber qué hacer con ellas.
Ecuador tenía la oportunidad de presentarse como un Estado capaz de gobernar su crisis con sobriedad institucional y dirección estratégica. Optó, en cambio, por convertir la crisis en relato, la confrontación en identidad y el arancel en sustituto de política pública.
Las consecuencias no serán metafóricas: ya están en curso, y no distinguirán entre quienes aplaudieron el gesto y quienes terminarán pagando su costo.