La situación de los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos se deteriora y se vuelve cada vez más compleja. El Servicio de Control de Inmigración de Estados Unidos (ICE) intentó ingresar, la tarde del 26 de enero, al Consulado de Ecuador en Mineápolis mientras el presidente Donald Trump se vuelve cada vez más radical en sus políticas migratorias.
Cerca de 7.500 migrantes ecuatorianos fueron deportados en el transcurso de 2025. Y las cifras de lo que va 2026 apuntan a que los ecuatorianos sí están en la mira del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y por los hechos coyunturales de estos días, se ha mostrado una radicalización cada vez más fuerte a los migrantes ecuatorianos.
Estados Unidos ha deportado ya a 615 compatriotas en 26 días del primer mes del año. Adicionalmente, el Departamento de Seguridad Nacional ha empezado a publicar en redes sociales los rostros de migrantes ecuatorianos que, supuestamente, han cometido delitos en ese país. E, incluso, el DHS argumentó que buscaba a un ecuatoriano en Mineápolis el día del asesinato del manifestante Alex Pretti.
Estos hechos se suman a las denuncias de malos tratos y violaciones a los derechos humanos en los centros de detención, que son cada vez más alarmantes. Las autoridades locales estadounidenses opositoras a Trump han podido hacer algo al respecto.
Por ejemplo, el senador demócrata Jon Ossof registró más de mil reportes de abusos y recordó las 38 muertes de migrantes bajo custodia de ICE, desde enero de 2025, sin embargo estos casos no han escalado en la justicia norteamericana.
Gobierno puede hacer poco por los migrantes
A esto se suman las historias de ecuatorianos capturados por ICE que se han multiplicado en las últimas semanas y la detención de dos menores de edad que ha causado indigación, no solo en Ecuador, sino también en ese país.
Y, aunque la Cancillería afirma que buscan información y contacto con los ecuatorianos detenidos, es poco lo que el Gobierno puede hacer al respecto. Especialmente porque los mismos migrantes rechazan el involucramiento de las autoridades, unos por desconocimiento o miedo y otros porque tienen solicitudes de asilo en trámite. (I)