Tras publicarse el rankin mundial de corrupción difundido por Transparencia Internacional, Ecuador pasó del puesto 121 en 2024 al 114 en 2025 de 182 países rankeados, lo que implica un descenso de 7 puestos en este índice mundial.
«El indicador de Corrupción política mide distintos tipos de corrupción diferenciando entre poderes y niveles del Estado. A diferencia del resto de indicadores, su escala es inversa, es decir, un valor más alto en el índice o una posición más elevada en el ranking indica una mayor presencia de prácticas corruptas. En este caso, España obtiene un valor de 10,3 sobre 100, situándose en la posición 14 de 38 países, siendo, por lo tanto, de los 15 países de la OCDE con mayor presencia de corrupción«, explica el organismo.
América en general reprueba en temas de corrupción mientras Europa también cae
Con una puntuación promedio de apenas 42 sobre 100, las Américas no muestran avances en la lucha contra la corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025.
Según el organismo «desde 2012, 12 de los 33 países en la región han empeorado considerablemente, mientras que solo República Dominicana (37) y Guyana (40) han registrado mejoras significativas. Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a la las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad», expresa.
La entidad rankeadora también indica que durante años, «la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política de países como México (27), Brasil (35) y Colombia (37), fomentando la impunidad y las injusticias. En la actualidad, Costa Rica (56) y Uruguay (73), las democracias más fuertes de América Latina y con mejores resultados en el IPC, también sufren la violencia alimentada por la corrupción y el crimen organizado«, siendo los casos más críticos Nicaragua (14) y Haití (16), que «continúan luchando contra la corrupción arraigada y las redes criminales».
En toda la región, la corrupción en los servicios públicos tiene graves consecuencias en la vida cotidiana de las personas. En Perú (30), la fiscalía está investigando presuntos sobornos en el programa de alimentación escolar para eludir los controles sanitarios, que podrían haber resultado en la distribución de comidas contaminadas y en enfermedades infantiles.
Mientras en Argentina (36), las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad muestran riesgos similares para los grupos vulnerables. La baja puntuación de Venezuela (10), refleja años de corrupción generalizada y actividades ilícitas, que han disparado la pobreza y la desnutrición. En el país millones de familias sobreviven con escasos alimentos, agua y electricidad.
En varios países, la reducción del espacio cívico debilita la supervisión y la rendición de cuentas. En El Salvador (32), las restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil limitan el escrutinio y la supervisión independiente de las acciones del gobierno. En Guyana (40), el acoso y la intimidación a los medios de comunicación independientes y a la sociedad civil reducen la capacidad de la ciudadanía de proteger sus recursos naturales.
España la más corrupta de la OCDE
Por su parte, Europa también presenta una gran decadencia en tema de lucha contra la corrupoción justamente por el crimen organizado y la falta de políticas públicas para combatir el tráfico de estupefacietnes al Viejo Continente. Europa tiene una puntuación de 62/100.
España, es por quintoo año consecutivo el país que más corrupción presenta. El país ibérico se sitúa entre los que más bajan desde 2012, un total de diez puntos hasta los 55 actuales y Malta, que cae ocho hasta los 49.
Un caso sobre el que los expertos llaman la atención es el de Reino Unido (70), que ha bajado 12 posiciones desde 2017.
Destacan igualmente los esfuerzos que han hecho en la última década Estonia (76), Letonia (60) y Lituania (65) y el compromiso que mantienen para abrir el Gobierno y acometer reformas anticorrupción, aunque avisan de que persisten agujeros sobre todo en lo que se refiere a la transparencia de los lobbies, protección de los denunciantes y claridad en la financiación de partidos. (I)