El Gobierno español aprobó este martes poner un límite a los precios de servicios o productos en situaciones de emergencia y regular las prácticas abusivas en la contratación de electricidad, como la prohibición de las llamadas «spam».
La normativa de tope de precios se aprobó en el Consejo de Ministros para evitar situaciones de abuso como las sucedidas con las subidas de precios de transportes alternativos tras el accidente de trenes del 18 de enero en Adamuz (Córdoba, en el sur de España), que dejó 46 muertos, u otros aumentos que vinieron con los incendios del pasado verano o las letales inundaciones de 2024 en Valencia.
Se propone prohibir elevar los precios para que no sean superiores al máximo que hayan tenido los últimos 30 días, ni que superen en un 50 % al promedio de ese periodo, con el fin de evitar subidas abusivas para los consumidores.
El decreto permitirá incrementos del precio solo cuando estén objetivamente justificados por un aumento acreditable de costes y los consumidores tendrán derecho a la devolución automática de cualquier importe cobrado en exceso sobre el precio máximo aplicable.
Por otra parte, el nuevo reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica busca adaptar el actual marco normativo para también evitar prácticas abusivas en la contratación de la electricidad como las llamadas ‘spam’ de las compañías.
Además de prohibir este tipo de llamadas comerciales, también pretende evitar la contratación telefónica «en caliente» de tarifas, por lo que cuando una empresa haga una oferta, antes de que sea cerrada, el cliente deberá recibir el contrato y un documento que recoja información simple para que entienda las condiciones de la nueva contratación.
Las infracciones de esta normativa conllevarán multas de entre 600.001 euros (715.000 dólares) y 6 millones de euros (7,15 millones de dólares). EFE (I)