Quito, Ecuador
El viernes por la tarde los gobiernos de Ecuador y EE.UU. firmaron el denominado Acuerdo de Comercio Recíproco (ART, por sus siglas en inglés), cuyos detalles se empezaron a conocer en estos días.
El comunicado de prensa del Ministerio de Producciónn destaca: “El acuerdo liberará la sobretasa del 53% de las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia Estados Unidos, lo que equivale a USD 2.786 millones en comercio según datos de 2025.” Es decir, con ese acuerdo el Ecuador consigue eliminar, para una parte importante de sus exportaciones, la carga arancelaria adicional que el Gobierno de EE.UU. impuso a sus socios comerciales.
Pero eso no implica una mejora frente a las condiciones de acceso previas a la imposición de esa sobretasa. Para el Ecuador, esto representa una ventaja en la medida en que países con estructuras productivas similares no alcancen un acuerdo parecido con EE.UU. y, por tanto, sus productos aún estén sujetos a esas sobretasas.
Sin embargo, es importante mencionar que estas tendrían, en principio, una validez de apenas 150 días (hasta julio de este año) y, si la Justicia de EE.UU. no autoriza su renovación, el Ecuador no habría ganado nada, ya que la entrada en vigor del acuerdo, después de que pase por la Corte Constitucional y la Asamblea, seguramente será posterior a julio.
Ecuador, en cambio, si el acuerdo finalmente entra en vigor, sí estaría haciendo varias concesiones permanentes. Sobre la reducción arancelaria para productos estadounidenses, el comunicado del Gobierno ecuatoriano señala: “Respecto a las importaciones provenientes de Estados Unidos, la estructura de reducción arancelaria acordada por Ecuador prioriza el acceso a bienes que fortalecen la modernización productiva del país: maquinaria agrícola, equipos industriales y maquinaria para la construcción podrán ingresar con arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo o en plazos cortos. También se reducen aranceles para partes, componentes e insumos industriales, lo que contribuirá a reducir costos operativos y mejorar la competitividad de las empresas ecuatorianas.”
El comunicado de prensa del Gobierno norteamericano lo plantea desde una óptica distinta: “Ecuador se ha comprometido a otorgar a Estados Unidos un trato preferencial para más del 90% de su lista de productos agrícolas, incluyendo la eliminación de aranceles para la soya, frutas frescas y procesadas, bebidas alcohólicas y frutos secos, así como para ciertos productos lácteos, carne de res, cerdo y aves de corral.
Además, Ecuador dejará de aplicar el Sistema Andino de Bandas de Precios a los productos agrícolas importados de Estados Unidos. Estas medidas generarán oportunidades de acceso al mercado comercialmente significativas para las exportaciones estadounidenses, lo que contribuirá a la creación de empleos de alta calidad en Estados Unidos”.
El mismo comunicado señala que Ecuador permitirá el acceso de bienes remanufacturados en EE.UU. En otras negociaciones de tratados comerciales, el equipo negociador del Ecuador ha consultado con el sector privado a fin de conocer los riesgos y oportunidades que presentan los distintos socios comerciales.
¿Hubo conversaciones con el sector privado en esta ocasión? ¿Sectores que históricamente han contado con altos niveles de protección arancelaria, como el avícola o el lácteo, están al tanto de las condiciones de este acuerdo?
Además de lo negociado en materia de comercio exterior, el acuerdo también incluye concesiones de Ecuador, por ejemplo, en propiedad intelectual, comercio digital y regulación laboral. Al respecto, el comunicado del Gobierno ecuatoriano señala: “El acuerdo fortalece los derechos laborales en Ecuador al promover mejores condiciones de trabajo, mayor protección para los trabajadores y mecanismos que facilitan la organización y la negociación colectiva”.
Sin embargo, el comunicado del Gobierno norteamericano es mucho más explícito: “Ecuador, entre otros compromisos, (…) reducirá el número mínimo de trabajadores necesarios para formar un sindicato; permitirá y protegerá la formación y el registro de sindicatos sectoriales; regulará el uso de contratos no estándar para las tareas centrales de la empresa; y reforzará la aplicación de sus leyes laborales.”
Respecto a la conformación de sindicatos sectoriales, el texto del acuerdo menciona que el
Ecuador deberá: “permitir y proteger la formación y el registro de sindicatos a nivel sectorial y de rama, incluidos los sindicatos de base integrados por trabajadores de diferentes empresas y contratistas independientes, y permitir que dichos sindicatos negocien colectivamente a nivel sectorial”.
¿Por qué un tema tan delicado, mucho más en un país con elevados costos de despido y alta informalidad, forma parte de este acuerdo, en el que el Ecuador tenía el modesto objetivo de reducir las sobretasas de EEUU?
¿Sabe el Gobierno nacional el lastre que en países como Argentina representan los sindicatos a nivel de actividad, muchos de los cuales son mecanismos de extorsión no solo contra las empresas, sino contra el propio Estado?
Otros puntos del acuerdo –como aquel que exige a Ecuador imponer medidas restrictivas a la importación de ciertos productos cuando EE.UU. haya tomado una medida similar– que todavía hace falta revisar en detalle, dan cuenta de una negociación que parece haber sido muy desigual y en la que el Ecuador cede mucho más de lo que recibe.
Es importante que el Gobierno socialice este acuerdo y fomente un debate a fin de que su eventual entrada en vigor realmente signifique un beneficio para el país.