El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, acudió a la Fiscalía General del Estado este 24 de marzo para rendir su versión libre y voluntaria dentro de una investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de 60 trolebuses eléctricos.
La investigación se basa en un informe de la Contraloría General del Estado que detectó posibles irregularidades y un perjuicio económico estimado en más de 2,5 millones de dólares.
Muñoz calificó el proceso como un «bochorno internacional» y defendió la transparencia de la compra, argumentando que se realizó bajo un convenio de cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
El burgomaestre sostuvo que la adquisición permitió renovar una flota que no había sido actualizada en 30 años, logrando un ahorro en combustible y una reducción significativa de emisiones de CO2.
Asimismo, Muñoz y su defensa técnica alegan que el informe de la Contraloría contiene errores de interpretación y sugieren que la indagación tiene tintes de persecución política.
Siguientes pasos
La Fiscalía también ha convocado a rendir versiones a otros funcionarios municipales y equipos técnicos involucrados en el contrato para continuar con la etapa de indagación previa.
La adquisición de loss trolebuses se hizo a partir de un convenio y un contrato de venta con la Organización de Naciones Unidas (ONU). (I)