Guayaquil, Ecuador
Con el anuncio del Gobierno Nacional de eliminar temporalmente el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para la cerveza durante el Mundial, el presidente aseguró que el precio podría reducirse en más de un 20%, la medida entró en vigencia desde el 12 de junio al 19 de julio según el decreto ejecutivo 420.
La reacción inmediata de muchos fue de celebración, una cerveza más barata siempre es una noticia popular. Pero el anuncio deja una pregunta que va más allá del fútbol. Si el Estado puede provocar la reducción de la quinta parte del precio simplemente eliminando un impuesto por un mes. ¿Por qué tenemos los ecuatorianos que cargar con ese sobreprecio el resto del año? ¿Cuántos más productos podrían reducir su precio y aliviar el bolsillo de los ecuatorianos si quienes nos gobiernan realmente quisieran facilitar la situación económica de las familias?
El argumento oficial es que se busca dinamizar la economía, incentivar el consumo y aprovechar el mundial para generar movimiento económico, pero sí están conscientes de estos beneficios ¿Por qué dejan de ser válidos cuando termina el torneo?
El ICE fue concebido como un impuesto a productos que generaban un costo social, pero que en la práctica no es más que una capa adicional de tributación utilizado para que los políticos mantengan el excesivo gasto estatal y que terminamos pagando todos los consumidores en el precio final de los productos que compramos y que no actúa solo, porque dependiendo de lo que consumimos terminamos pagando el proporcional de otros impuestos como el IVA, aranceles, ISD, tasas y contribuciones y otras regulaciones que sólo elevan los precios.
Esto significa que cuando compramos una cerveza no estamos pagando únicamente por el producto sino por toda una estructura tributaria impuesta de forma coactiva por el Estado.
Por lo tanto, la reducción temporal de este impuesto deja en evidencia que el precio no está bajando porque las empresas sean más eficientes al producir o porque hayan encontrado formas de abaratar sus costos, sino porque el Estado decidió cobrar menos.
Pero aquí nace la contradicción, si reducir impuestos se presenta como una forma de beneficiar a los ecuatorianos por qué no debatimos sobre el nivel actual de impuestos y si estos están realmente justificados.

Es posible vivir con menos impuestos y productos más baratos pero parece que el nivel actual de carga tributaria no está pensado para el bienestar general sino para sostener un Estado que cada año nos exige más recursos.
