El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, entregó este martes a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y a otros entes de control el ‘Libro de la Verdad’ que tiene un compendio de denuncias de presunta corrupción durante el mandato de su predecesor, Gustavo Petro (2022-2026).
«Pongo formalmente en sus manos el Libro Blanco, con la esperanza de que ustedes harán lo que en derecho corresponde», afirmó De la Espriella en un evento en Bogotá durante la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción.
La información fue recolectada durante las reuniones del fallido intento de traspaso de poder entre los equipos de De la Espriella y Petro, luego de que ambos líderes optaran por no verse cara a cara al término de la administración pasada y el arranque del nuevo Gobierno.
«Entregamos al país el Libro de la Verdad, con 82 casos documentados durante el proceso de empalme (transición de poder)», escribió en X el vicepresidente, José Manuel Restrepo, donde adjunto fotos del documento.
El libro consta de 135 páginas y documenta 82 casos agrupados en expedientes relacionados con presuntas irregularidades en entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sistema de salud, empresas estatales y programas sociales.
El documento también recopila información sobre contratos, convenios administrativos y decisiones presupuestales que, según el Gobierno, evidencian posibles patrones de corrupción.
De La Espriella destacó que la entrega del libro «responde a una exigencia ciudadana» de conocer el destino de los recursos públicos y establecer quiénes pudieron participar o beneficiarse de las irregularidades señaladas en el documento.
«El país quiere saber qué pasó, quiere saber dónde fueron a parar los recursos, quiere saber quiénes participaron en el saqueo, quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que ocurriera todo este desastre», enfatizó el mandatario.
En ese contexto, explicó que durante el proceso de transición fueron examinados documentos e información de diferentes entidades estatales, con los cuales se identificaron presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos. EFE (I)