Guayaquil, Ecuador
Hay ciudades que envejecen. Otras se transforman. También hay ciudades que, poco a poco, van perdiendo el brillo y la confianza en sí mismas. Esa última sensación es la que hoy recorre las calles de Guayaquil.
Quien haya vivido aquí durante décadas reconoce algo difícil de medir, pero imposible de ignorar. La ciudad parece menos abierta y menos dispuesta a ocupar sus calles. El centro se apaga temprano. La vida nocturna se ha contraído. Comercios cierran o reducen horarios. Hay sectores donde caminar dejó de ser una actividad cotidiana para convertirse en una decisión que exige calcular riesgos. En otros, la basura, el deterioro urbano, las calles dañadas o los espacios públicos abandonados transmiten una sensación de desorden.
No todo esto es nuevo. Tampoco es responsabilidad exclusiva del Municipio, del Gobierno Nacional o de una determinada corriente política. Precisamente ahí está el problema. La decadencia que hoy vivimos en Guayaquil no puede explicarse solamente por una mala administración de turno. Es el resultado acumulado de instituciones que, durante demasiado tiempo, han dejado de generar los incentivos necesarios para que esta siga siendo una ciudad que mira al futuro con optimismo.
Una institución no es solamente un edificio público ni una oficina llena de funcionarios. Son las reglas que determinan qué puede hacer el poder y qué puede esperar el ciudadano. Cuando esas reglas son claras, estables y aplicadas de manera imparcial, las personas pueden planificar. Cuando no lo son, aparece la incertidumbre. La incertidumbre tiene un precio.
El empresario necesita saber que su propiedad será respetada. El trabajador necesita saber que podrá movilizarse. El comerciante necesita saber que una licencia no dependerá de contactos o pagos por debajo de la mesa. El inversionista necesita saber que un contrato será respetado. El ciudadano necesita saber que la ley será aplicada tanto al poderoso como al desconocido.
Cuando las instituciones premian la inversión, el trabajo, el emprendimiento, el cumplimiento de la ley y la responsabilidad individual, las personas tienen razones para construir. Cuando permiten que la arbitrariedad, la corrupción, la inseguridad y la burocracia se conviertan en parte del costo de vivir y producir, las personas empiezan a protegerse, reducir sus expectativas o marcharse.
Guayaquil sigue siendo, pese a todo, una ciudad económicamente extraordinaria. El problema no es que haya desaparecido su potencial. El problema es que cada vez cuesta más convertir ese potencial en oportunidades. Cuando una ciudad con semejante capacidad comienza a perder dinamismo, hay que mirar más allá de los baches, las luminarias o los malos alcaldes. Hay que mirar las reglas del juego.
Pocas cosas revelan mejor la ruptura de esas reglas que la inseguridad. Probablemente es la manifestación más dramática de esta crisis. No se trata solamente de homicidios, secuestros, robos o extorsiones. Se trata de lo que esos delitos producen en la conducta cotidiana. Cuando una persona deja de caminar por su barrio, cuando un restaurante cierra antes, cuando una familia cancela una salida, cuando un comerciante decide no invertir, cuando un estudiante piensa que la mejor opción para su futuro es emigrar, la violencia ya consiguió algo más que una víctima.
En la práctica, redujo la libertad de miles de personas que no fueron atacadas. La libertad no consiste únicamente en que nadie nos prohíba salir de casa. También consiste en poder hacerlo sin que el miedo nos obligue a encerrarnos. Una ciudad libre necesita ciudadanos que puedan moverse, reunirse, comerciar, trabajar y disfrutar del espacio público sin pedir permiso a nadie. Por eso resulta tan grave que existan zonas donde grupos criminales determinan quién entra, quién sale, quién vende y quién paga. Allí no estamos ante un simple problema de delincuencia. Estamos ante una disputa que destruye la cooperación y el intercambio entre ciudadanos.
Una tienda sometida a extorsión no compite en igualdad de condiciones. Un restaurante que debe pagar una “vacuna” incorpora un costo que no tiene su competidor en otra ciudad. Un empresario que teme perder su inversión puede simplemente marcharse, postergar la decisión o exigir una rentabilidad mayor para asumir el riesgo. Un propietario que no confía en la seguridad jurídica posterga la construcción. Un trabajador que teme regresar de noche limita sus posibilidades laborales. En otras palabras, la violencia funciona como un impuesto clandestino sobre la actividad económica.
Cuando todo depende de contactos, favores, permisos discrecionales, burocracia o capacidad de influencia, la sociedad comienza a sustituir el mérito por la viveza. Ese es uno de los síntomas más peligrosos de la decadencia institucional. La corrupción no solamente roba dinero público. Deforma los incentivos. Premia al que sabe a quién llamar y castiga al que intenta hacer las cosas correctamente. Convierte el cumplimiento de la ley en una desventaja competitiva. Hace que la informalidad parezca racional y que la honestidad parezca ingenuidad.
Entonces aparece la famosa “viveza criolla”. No se trata de una característica genética de los guayaquileños, sino de una adaptación a un sistema donde las reglas no siempre producen buenos resultados. Si el ciudadano observa que quienes tienen poder pueden incumplir las reglas sin consecuencias, la confianza desaparece. Cuando desaparece la confianza, cada individuo empieza a protegerse por su cuenta. Ese proceso también tiene consecuencias económicas.
Una ciudad puede aumentar su gasto público y, sin embargo, perder productividad. Gastar más no significa necesariamente producir más valor. Cada recurso destinado a burocracia innecesaria, contratos opacos, estructuras administrativas que no generan resultados o decisiones tomadas por conveniencia política tiene un costo de oportunidad. Podría haberse destinado a seguridad efectiva, infraestructura, mantenimiento y servicios públicos o, mejor aún, haber permanecido en manos de ciudadanos y empresas para ser invertido donde genere mayor valor.
Las instituciones sólidas deben sobrevivir a los buenos y a los malos alcaldes. Guayaquil tuvo períodos de transformación urbana que todavía forman parte de su memoria colectiva. Muchos guayaquileños recuerdan la etapa de León Febres-Cordero y los años posteriores como un período en el que la recuperación del orden urbano y del espacio público devolvió parte del orgullo ciudadano. Esa memoria merece ser escuchada, pero no convertida en una fantasía retrospectiva.
Porque Guayaquil tampoco era perfecta. Había pobreza, informalidad, corrupción e inseguridad. La diferencia es que una parte importante de la población percibía que el futuro podía ser mejor que el presente. Esa expectativa de progreso constituía un activo económico. Cuando una sociedad cree que mañana será mejor, está dispuesta a estudiar, ahorrar, invertir, emprender, construir y asumir riesgos. Cuando cree que mañana será peor, las decisiones cambian. Se posterga la inversión, se reduce el consumo, se busca emigrar y se prioriza la supervivencia. La confianza en el futuro no aparece en las cuentas nacionales, pero influye sobre ellas.
A esto se sumó el trauma de la pandemia, particularmente duro para Guayaquil. La ciudad vivió escenas que dejaron una huella profunda. Hospitales colapsados, familias buscando medicinas y atención, cadáveres que no pudieron ser tratados dignamente y una sensación de abandono institucional que todavía forma parte de la memoria colectiva.
La pandemia no explica por sí sola la situación actual, pero profundizó vulnerabilidades que ya existían. Después llegaron la expansión del crimen organizado, las extorsiones, los secuestros y una sensación cada vez mayor de que el Estado había perdido capacidad para controlar partes del territorio. La acumulación de golpes también desgasta a una sociedad.
Quizás la imagen más poderosa de esta decadencia sea una ciudad que deja de caminar. Muchos guayaquileños recuerdan ir al estadio a pie, tomar un bus, comprar algo en una tienda de barrio, jugar fútbol en la calle, encontrarse con amigos o caminar por la avenida 9 de Octubre. No era una ciudad idílica. Era una ciudad que, a pesar de sus problemas, se podía disfrutar y vivir.
Hoy, en determinados sectores y horarios, la lógica es diferente. Hay que llegar temprano a casa, evitar ciertas calles, no detenerse demasiado, no sacar el teléfono. La inseguridad ha convertido la movilidad en una cuestión de supervivencia. Una ciudad que no puede ser caminada pierde mucho más que tránsito peatonal. Pierde comercio, conversación, cultura, presencia ciudadana, convivencia y comunidad. Por eso recuperar Guayaquil no consiste simplemente en pintar fachadas. Hay que devolverles sus calles a los ciudadanos.
Eso implica seguridad, pero también iluminación, limpieza, transporte confiable, parques mantenidos, regulación razonable, recuperación de espacios abandonados y una estrategia urbana que vuelva económicamente viable vivir, trabajar y divertirse dentro de la ciudad. No tiene sentido que Guayaquil tenga actividad económica durante el día y se convierta progresivamente en un desierto después de las ocho de la noche. Una ciudad no puede prosperar si sus ciudadanos sienten que salir a cenar, caminar o reunirse con amigos es una imprudencia.
La seguridad ciudadana no es competencia exclusiva del Municipio. El Gobierno Nacional tiene responsabilidades fundamentales en materia de seguridad, policía y lucha contra el crimen organizado. Pero eso tampoco permite que el Municipio se desentienda de aquello que sí está bajo su responsabilidad: iluminación, espacio público, movilidad, limpieza, regulación, recuperación urbana y condiciones para la actividad económica. El ciudadano no debería tener que escoger entre un Gobierno Nacional que no logra garantizar adecuadamente su seguridad y un Municipio que no mantiene adecuadamente la ciudad. Necesita ambas cosas.
Otro fenómeno merece atención: la creciente separación entre Guayaquil y su propia área metropolitana. Samborondón, Daule y otros sectores han captado población, vivienda, comercio e inversión. Eso no debería interpretarse como una traición a Guayaquil. La gente tiene derecho a escoger dónde vivir. Nadie debería ser obligado a permanecer en una ciudad que considera insegura, sucia o mal administrada.
Pero existe una lectura económica de ese fenómeno que deberíamos tomar en serio. Las ciudades también compiten. Compiten por residentes, empresas, inversiones, talento y actividad económica. Esa competencia puede ser saludable porque obliga a los gobiernos locales a preguntarse qué ofrecen a cambio de los impuestos, regulaciones y restricciones que imponen.
Si una familia encuentra mejores condiciones en otra jurisdicción, puede mudarse. Si un empresario encuentra menos riesgo y mejores condiciones para invertir en otro lugar, puede hacerlo. Si una empresa encuentra talento, infraestructura y seguridad en otra ciudad, puede trasladar allí sus operaciones. No hay que impedir esos movimientos. Hay que aprender de ellos. La respuesta no debería ser demonizar a quienes se fueron, sino preguntarnos qué tendría que cambiar para que volver resulte atractivo.
Tampoco tiene sentido culpar a los migrantes internos por la pérdida de identidad. Una ciudad comercial como Guayaquil siempre ha recibido personas de otras provincias y países. La identidad urbana no se hereda exclusivamente por sangre. Se construye participando en la vida de la ciudad. El problema no es quién llegó. El problema es qué instituciones encontraron quienes llegaron. Una ciudad que integra mediante educación, trabajo, propiedad, seguridad y oportunidades construye ciudadanía. Una ciudad que abandona barrios enteros crea fragmentación.
Ante semejante coyuntura, la respuesta no consiste en pedir un Estado más grande para resolver cada problema. Consiste en exigir un Estado que haga bien aquello que legítimamente debe hacer. Seguridad, justicia, protección de la propiedad, infraestructura básica, limpieza, iluminación, orden urbano, reglas claras, transporte funcional, contratos transparentes, permisos rápidos e información pública verificable. Son funciones esenciales que los ciudadanos tienen derecho a exigir. A partir de ahí, hay que dejar espacio para que la sociedad haga el resto.
El Municipio no necesita convertirse en empresario, empleador masivo, promotor político ni administrador de todos los aspectos de la vida urbana. Necesita crear las condiciones para que miles de empresarios, comerciantes, trabajadores, organizaciones sociales y propietarios puedan hacerlo. Eso significa simplificar trámites, digitalizar procesos, eliminar permisos innecesarios, transparentar la contratación pública, publicar indicadores de gestión y establecer consecuencias reales por incumplimiento.
También significa recuperar la competencia allí donde el Estado no necesita ser el único proveedor. Si un servicio puede prestarse mejor mediante empresas privadas, cooperativas, alianzas público-privadas o modelos competitivos, hay que evaluarlo sin prejuicios ideológicos. El objetivo no debería ser que el Municipio haga más cosas. Debería ser que los ciudadanos reciban mejores servicios al menor costo posible. Eso exige medir resultados.
Una administración pública no debería evaluarse por cuánto gastó, cuántos funcionarios contrató o cuántas obras anunció. Debería evaluarse por si las calles están limpias, si los parques funcionan, si las luminarias están encendidas, si los trámites son rápidos, si la movilidad mejora y si los ciudadanos pueden recuperar espacios que hoy les pertenecen.
Es fundamental recuperar el respeto por la propiedad privada. Un propietario que puede invertir, construir, alquilar, vender o transformar legalmente su inmueble es un agente de regeneración urbana. La propiedad privada no es solamente un derecho individual; también es un mecanismo de coordinación social. Un edificio ocupado genera actividad. Un local abierto genera empleo. Una vivienda mantenida mejora una calle. Un restaurante atrae personas. Un nuevo negocio genera proveedores. Un propietario que tiene seguridad jurídica tiene incentivos para mantener y mejorar lo que posee.
Miles de decisiones privadas coordinadas pueden transformar una ciudad con una velocidad que ninguna burocracia municipal puede igualar. La regeneración urbana no tiene por qué depender exclusivamente de grandes proyectos públicos. Puede surgir de miles de decisiones descentralizadas tomadas por personas que conocen sus barrios, sus necesidades y sus oportunidades mejor que cualquier oficina municipal.
Guayaquil no necesita volver a 1995, 2000 o 2010. Lo que necesita es recuperar aquello que hacía valiosa a esta ciudad. La confianza en el futuro. No debemos confundir identidad con nostalgia. No necesitamos que todos hablen igual, vistan igual, hayan nacido aquí o recuerden las mismas canciones. Necesitamos algo mucho más profundo. Ciudadanos que sientan que esta ciudad también les pertenece y que vale la pena construir en ella. Eso requiere responsabilidad individual tanto como responsabilidad pública.
El ciudadano debe exigir seguridad, pero también respetar las normas. Debe reclamar limpieza, pero no arrojar basura. Debe exigir mejores calles, pero respetar las reglas de tránsito. Debe denunciar corrupción y rechazar la compra de favores. Debe pedir buenos gobernantes y, sobre todo, aprender a premiarlos electoralmente. El Estado no puede fabricar virtud. Pero sí puede crear instituciones que hagan rentable la virtud y costosa la corrupción. Ese debería ser el objetivo.
Hay una razón de peso para no caer en el pesimismo. Guayaquil conserva casi todos los activos que necesita para recuperarse. Tiene ubicación estratégica, puerto, actividad comercial, capital humano, empresarios, universidades, organizaciones sociales, infraestructura y una enorme capacidad de generación de riqueza. Sigue siendo una pieza fundamental de la economía ecuatoriana. Lo que no necesita es que alguien venga a salvarla. Necesita que sus instituciones vuelvan a permitir que sus ciudadanos la salven.
Una ciudad revive cuando vuelve a ser rentable abrir un negocio, caminar por una calle, comprar una propiedad, contratar a alguien, invertir en un edificio, organizar un espectáculo, abrir un restaurante o simplemente sentarse en un parque. Revive cuando la ley deja de ser una amenaza incierta y vuelve a ser un escudo. Revive cuando el mérito vuelve a importar más que el contacto. Cuando la propiedad vuelve a ser segura. Cuando el poder vuelve a tener límites. Cuando el ciudadano deja de preguntarse quién manda y empieza a confiar en que las reglas mandan.
Quizás la pregunta correcta no sea qué le pasó a Guayaquil. La pregunta es qué instituciones necesitamos construir para que Guayaquil vuelva a ser libre, segura y próspera. Porque Guayaquil no ha perdido su alma. Ha perdido parte de las condiciones que le permitían expresarla. Reconstruir esas condiciones no exige regresar al pasado. Exige algo mucho más difícil y mucho más importante. Instituciones que vuelvan a hacer rentable la libertad, la responsabilidad, el trabajo y la creación de riqueza. Entonces Guayaquil no tendrá que vivir de la nostalgia. Podrá volver a creer en el futuro.