La Corte Nacional de Justicia instaló este 24 de agosto de 2026 la audiencia para vincular a nueve personas más al denominado caso Apagón (o caso Progen), elevando a 30 la cifra total de procesados por presunto peculado.
Nueve personas más a la mira de la justicia
La Fiscalía General del Estado solicitó procesar formalmente a un nuevo grupo integrado por mandos medios y exasesores del sector eléctrico. Entre los vinculados figuran excoordinadores jurídicos y asesores del Ministerio de Energía entonces al frente de Roberto Luque, así como administradores de los contratos fallidos de las centrales térmicas de Salitral y Quevedo. Uno de los señalados es su exasesor Peter Dreher.
La diligencia, presidida por el juez Rodrigo Sarango, se instaló en la Corte Nacional de Justicia a un día de que concluyera la instrucción fiscal inicial.
Una de laas pruebas medulares del Ministerio Público un memorando del ministro Luque que fue leído en el que señalaba que todo contrato eléctrico debía pasar por su excoordinador Dreher, hoy procesado por Progen.
El Fiscal General encargado, Leonardo Alarcón, tambiéen expuso los elementos de convicción que sustentan la vinculación de Peter Christian Dreher Pozo al caso Apagón, quien era asesor dos del Ministerio de Energía durante la gestión de Luque.
La investigación fiscal ubica la intervención de Dreher desde el 19 de abril de 2024, fecha desde la cual habría sido convocado a mesas y reuniones técnicas con la gerencia de Celec para abordar la crisis energética.
Según el fiscal Alarcón, el exasesor integraba un grupo de trabajo ministerial clave que solicitaba de forma recurrente información sobre los avances de generación termoeléctrica.
Alarcón acusó a Dreher Alarcón, por medio de una invitación que se formalizó mediante un oficio dirigido directamente al «abogado Peter Dreher, asesor del ministro», con el objetivo declarado de “realizar una visita técnica a sus instalaciones y conocer una central de generación termoeléctrica que se encontraba en operación comercial”.
La Fiscalía sostiene que Dreher y el excoordinador De Oliveira mantuvieron un rol activo en la recopilación de insumos precontractuales. En junio de 2024, en una reunión efectuada en Celec, el investigado habría solicitado elaborar los términos de referencia a la Unidad de Negocio Termopichincha.
El Fiscal General expuso las supuestas omisiones y acciones de dos funcionarios de alto rango del Ministerio de Energía y Minas vinculados a la causa: el excoordinador jurídico José Manuel de Oliveira Allu y el exasesor Peter Christian Dreher Pozo.
El Ministerio Público apunta a que el exasesor «conocía ya con antelación (…) los avances que se iban realizando en la Unidad de Negocio Termopichincha sobre los contratos de Salitral y Quevedo».
Ampliación de la instrucción fiscal
Con esta vinculación, el plazo de la instrucción fiscal se extenderá por 30 días adicionales. Esto permite a la Fiscalía incorporar nuevos elementos de convicción y a las defensas presentar sus respectivos descargos. El proceso indaga un perjuicio económico al Estado ecuatoriano superior a los 100 millones de dólares debido a la compra irregular de generadores que no operaron de forma adecuada durante la crisis energética. (I)