El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció una medida radical para enfrentar la crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El primer mandatario dispuso al titular del Consejo Directivo de la entidad, Bernardo Cordovez, acelerar la enajenación de todos los bienes inmuebles que se encuentran sin uso productivo a nivel nacional.
Durante una entrevista radial, el jefe de Estado argumentó que la institución mantiene cerca de USD 2.000 millones en «activos ociosos», distribuidos entre terrenos desocupados, edificios abandonados y otras propiedades.
«He ordenado a Bernardo Cordovez, presidente del IESS, que venda todos los activos del IESS. ¿Qué hace el IESS con tantos terrenos?», enfatizó Noboa.
Sostener pensiones y salud sin reformas previas
De acuerdo con las declaraciones presidenciales, los recursos obtenidos de estas ventas masivas se destinarán directamente a fortalecer el flujo de caja del Seguro Social. Esto permitirá cubrir las obligaciones urgentes con los jubilados y optimizar los inventarios y servicios de atención médica, golpeados por problemas crónicos de abastecimiento.
El mandatario subrayó que la venta de este patrimonio inmobiliario constituye un paso indispensable que debe ejecutarse de forma prioritaria, antes de dar paso a cualquier debate sobre una reforma integral al sistema de pensiones en el país.
El plan sobre los bienes estatales
Reportes oficiales preliminares exponen que el catastro del IESS registra más de 1.300 bienes inmuebles calificados como improductivos. Un alto porcentaje de estos predios corresponde a los fondos de pensiones y del Seguro Social Campesino.
El plan del Ejecutivo contempla que las propiedades que no tengan un uso institucional directo se coloquen en el mercado inmobiliario mediante subastas o concursos públicos, o bien se canalicen hacia programas habitacionales.
Reacciones en debate
La orden presidencial ha encendido las alarmas en diversos sectores de afiliados y organizaciones sindicales, quienes recuerdan que el patrimonio del IESS pertenece de forma exclusiva a sus aportantes y no a la caja fiscal del Gobierno. Analistas económicos señalan que, si bien la medida generará liquidez inmediata, el verdadero desafío radica en garantizar procesos transparentes de valoración comercial para evitar perjuicios en los fondos de jubilación de los ecuatorianos. (I)