El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 87 votos afirmativos un paquete integral de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La normativa introduce cambios drásticos en la fiscalización tecnológica, la micromovilidad y, de forma contundente, en el control competencial de los gobiernos locales, lo que impactará directamente el marco operativo de entidades como la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil y la AMT de Quito.
El proyecto, estructurado en 78 artículos, será enviado al Ejecutivo para su respectivo veto u orden de publicación en el Registro Oficial.
Frenazo al negocio de fotorradares privados
Uno de los pilares principales de la reforma busca frenar los contratos extorsivos vinculados a los radares de velocidad. La nueva ley elimina la posibilidad de que las empresas privadas aliadas a los municipios reciban porcentajes o incentivos económicos de las multas generadas.
A partir de la vigencia de la norma, los fotorradares deberán operar estrictamente bajo parámetros preventivos y de seguridad vial. Además, se obligará a instalar señalización vertical y horizontal visible con un mínimo de 500 metros de distancia previo al dispositivo.
ANT podrá suspender competencias a los municipios
La reforma sacude la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) queda facultada para evaluar y suspender temporalmente las competencias de tránsito a los municipios si se detectan irregularidades en procesos de matriculación, ineficacia operativa o indicios de filtración del crimen organizado. En estos escenarios, el control vial y administrativo regresará temporalmente a manos del Gobierno central.
Regulación estricta a deliveries y micromovilidad eléctrica
El auge de los nuevos medios de transporte finalmente entra en el radar legislativo:
Para el Registro Nacional de Delivery se otorga el plazo de un año para crear una base de datos obligatoria de repartidores a domicilio y sus vehículos. Aunque el Pleno excluyó a última hora sancionar penalmente a quienes no consten en el registro, los repartidores en moto deberán usar obligatoriamente casco homologado y chaleco reflectivo con el número de placa visible, teniendo prohibido llevar pasajeros mientras trabajan.
Sobre el tema de motos y scooters eléctricos, las motocicletas eléctricas ya no serán consideradas juguetes comerciales; deberán contar con matrícula, placa y sus conductores requerirán licencia. Para los scooters, se exigirá el uso de casco homologado y se restringe su circulación en autopistas y la Red Vial Estatal.
Identificación digital y peaje unificado
El proyecto promueve la tecnificación vial mediante la creación del Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular, un chip tag obligatorio administrado por la ANT en coordinación con la Policía Nacional y el ECU911 para el rastreo y control de automotores.
Asimismo, se implementará el Sistema Nacional Unificado de Recaudación de Peajes, una plataforma tecnológica nacional interoperable que obligará a todas las estaciones de peaje (públicas o concesionadas) a estandarizar el cobro electrónico y reducir las congestiones en las carreteras. (I)