En un nuevo giro dentro del entramado judicial del Caso Sinohydro, la defensa del expresidente Lenín Moreno y otros once condenados presentaron formalmente una solicitud para acceder a la suspensión condicional de la pena. El pedido se da apenas días después de que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia emitiera la sentencia de primera instancia, la cual impuso cinco años de cárcel al exmandatario por el delito de cohecho.
El recurso legal busca detener la ejecución de las penas privativas de libertad a cambio del cumplimiento de un régimen de medidas alternativas y presentaciones periódicas ante la justicia. El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional acogió el trámite y fijó la audiencia de fundamentación para el próximo lunes 7 de septiembre de 2026 a las 14:30. [1, 2, 3]
Un beneficio legal bajo la lupa
La estrategia de los sentenciados apela al principio de favorabilidad, invocando la normativa del Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente al momento en que ocurrieron los hechos investigados (iniciados en 2010). Bajo ese texto legal, se permitía suspender penas de cárcel que no superaran los cinco años. Sin embargo, la posterior reforma legal del año 2021 excluyó de manera explícita a los delitos de corrupción —incluido el cohecho— de cualquier tipo de beneficio penitenciario o suspensión de la pena. Debido a esto, la próxima diligencia jurídica genera un intenso debate y expectativa en el escenario público del país. [1, 2, 3]
El entorno familiar y las condenas vigentes
Además del exmandatario (sentenciado como autor directo junto al empresario Conto Patiño y tres ciudadanos chinos), la misma petición de suspensión de la pena fue ingresada por miembros clave de su entorno íntimo. Entre ellos constan su esposa, Rocío González; su hija, Irina Moreno; y sus hermanos Edwin y Guillermo Moreno, quienes recibieron una condena de dos años y seis meses de prisión tras ser ratificados por el tribunal en calidad de cómplices del delito. [1, 2, 3, 4]
El dictamen judicial determinó que la red de corrupción movilizó alrededor de 76 millones de dólares en sobornos pagados por la empresa china Sinohydro para asegurar la adjudicación y el financiamiento de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Como parte de la reparación integral colectiva, el fallo dictó que los sentenciados deberán pagar un monto globalizado que supera los 163 millones de dólares. [1, 2, 3]
La audiencia del 7 de septiembre determinará si los magistrados aceptan la aplicación de la norma anterior o ratifican el cumplimiento obligatorio de las penas de prisión ordinaria, mientras las defensas técnicas avanzan en paralelo con la preparación de los recursos de apelación y casación. [1, 2, 3]