El reloj apenas marcaba la tarde del lunes 14 de septiembre cuando la violencia volvió a tejer su entramado de sangre en la provincia de Manabí. Alrededor de las 13:00, el terror se apoderó de los exteriores del Mercado Central de Manta. Entre el murmullo de comerciantes y compradores, dos sujetos armados a bordo de una motocicleta abrieron fuego a quemarropa contra un grupo de personas.
En el sitio fue asesinado Alexander Javier Quiroz Benítez, de 23 años, junto a un adolescente de 16 años (cuya identidad se mantiene en reserva legal), dejando además a un ciudadano herido en medio del pánico generado por disputas de extorsión y control territorial en el puerto.
La emboscada no dio tregua durante la jornada vespertina. Cerca de las 18:45, en el tramo carretero entre Canoa y Jama, una ambulancia institucional que retornaba tras cumplir con el traslado de una paciente fue acribillada a un costado de la vía. En el ataque cayeron el médico manabita Jandry Calderón y el conductor de la unidad (cuya identidad no ha sido liberada en los reportes preliminares), en un hecho que la Policía investiga entre un ataque dirigido o una trágica equivocación de bandas criminales. Casi en simultáneo, en el sur de Guayaquil, la cooperativa Jaime Toral presenció el asesinato a balazos de un adolescente en la vía pública, víctima del encarnizado control que disputan las microbandas urbanas. Al caer la noche, cerca de las 21:30, el barrio El Mirador de La Concordia (Santo Domingo de los Tsáchilas) cerró la contabilidad cuando atacantes a pie alcanzaron a un joven de 20 años en una esquina, arrebatándole la vida en un aparente ajuste de cuentas por expendio de sustancias.
Estas seis muertes violentas registradas en un lapso de poco más de 24 horas reflejan la severidad de la crisis de seguridad en el país. Con una tasa que oscila entre los 45 y 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, Ecuador se ubica en el vértice más sangriento de América Latina, superando con holgura la media regional —estimada en torno a los 17 homicidios por cada 100.000 habitantes— y colocándose por encima de históricos focos de violencia criminal en el continente.
Desde el 1 de enero hasta mediados de septiembre de 2026, Ecuador acumula un estimado de 5.890 homicidios intencionales a escala nacional. Esta cifra representa una leve reducción frente al mismo periodo de 2025, cuando entre el 1 de enero y mediados de septiembre se contabilizaron aproximadamente 6.120 muertes violentas, evidenciando que, pese a las intervenciones de las Fuerzas Armadas y los estados de excepción en curso, los niveles de violencia letal se mantienen en umbrales históricamente críticos.