La tarde del jueves 24 de septiembre de 2026, la justicia ecuatoriana negó el pedido de sustitución de medidas cautelares solicitado por la defensa de Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas. Con esta resolución, el funcionario continuará cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi, donde permanece recluido desde junio de este año.
Durante la audiencia de revisión de medidas celebrada en la Corte Nacional de Justicia, la magistrada Daniella Camacho rechazó los argumentos de los abogados de los procesados. Según la resolución judicial, las defensas no presentaron nuevos elementos o hechos justificables que permitieran modificar, revocar o sustituir la prisión preventiva por alternativas como el uso de grillete electrónico, la prohibición de salida del país o la presentación periódica.
El fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, argumentó a favor de mantener la medida restrictiva para precautelar el desarrollo del proceso y evitar riesgos de fuga. El caso Blindado investiga una presunta red de lavado de activos que habría movilizado estructuras financieras ilícitas mediante el uso de garantías jurisdiccionales para obtener millonarios recursos estatales.
Alertas de búsqueda internacional
Además de la ratificación de la prisión para Villacís y otros seis implicados, la jueza Camacho dictó orden de prisión preventiva contra el exjuez Carlos Vinicio A.. El exmagistrado se defendía en libertad, pero ante su inasistencia y el incumplimiento de las comparecencias dictadas por la Fiscalía, las autoridades judiciales dispusieron de manera inmediata su localización y captura internacional a través de la Interpol.
De acuerdo con el cronograma judicial, la etapa de instrucción fiscal de esta causa tiene previsto concluir el próximo 1 de octubre de 2026, fecha en la cual el caso pasará formalmente a la etapa preparatoria de juicio. (I)