En medio de la severa crisis energética y el intenso estiaje que golpea al país, el Gobierno de Ecuador puso en funcionamiento 16 generadores eléctricos que se encontraban apagados. Estos equipos, pertenecientes al cuestionado contrato con la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM), ya están aportando 30 megavatios (MW) al Sistema Nacional Interconectado (SNI).
El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, anunció la medida este lunes 12 de octubre de 2026 a través de un video en redes sociales. Neira explicó que las autoridades trabajan de forma prioritaria en una segunda fase técnica para duplicar la producción actual de dichos motores y alcanzar los 60 MW en las próximas semanas.
Equipos defectuosos e incompatibles
El contrato original con ATM fue suscrito por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) en agosto de 2024 para la construcción de la central termoeléctrica Esmeraldas III, concebida para dotar de 91 MW al país. De un presupuesto total de USD 89 millones, el Estado ecuatoriano ya desembolsó cerca de USD 71 millones a la firma uruguaya.
No obstante, la planta debió operar desde enero de 2025. Neira denunció que la contratista incumplió los plazos y entregó un total de 48 motores, los cuales se encontraban inoperativos debido a que presentaban graves fallas estructurales, averías mecánicas y una incompatibilidad de frecuencia técnica con la red eléctrica nacional. De todo el lote, la intervención del Ejecutivo logró acoplar y reactivar únicamente las primeras 16 unidades operativas.
Acciones legales por presunto peculado
Pese a la habilitación parcial de la infraestructura para mitigar el déficit de energía, el funcionario enfatizó que las acciones judiciales no se detendrán. El Gobierno Nacional mantiene actualmente tres frentes legales abiertos contra la firma ATM:
- Denuncia Penal: Impulsada por CELEC EP ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de delincuencia organizada.
- Examen de Contraloría: Un informe de la Contraloría General del Estado determinó indicios de responsabilidad penal por supuesto peculado debido al perjuicio económico.
- Arbitraje Internacional: El Estado se encuentra a la espera del laudo definitivo respecto a las controversias del contrato contractual.
«Mientras el proceso judicial avanza en Fiscalía, el Gobierno continúa haciendo todo lo posible para garantizar el servicio eléctrico a las familias ecuatorianas», concluyó el secretario de la Administración Pública. (I)