En una reciente entrevista concedida al espacio Altavoz conducido por Ruth del Salto, el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, acusó formalmente a la Revolución Ciudadana (RC5) de haber sido financiada por estructuras del crimen organizado. Neira argumentó que estas declaraciones se encuentran plenamente respaldadas por expedientes e investigaciones lideradas por la Fiscalía General del Estado.
Durante su intervención, el funcionario cuestionó de forma severa los mecanismos de prevención de lavado de activos aplicados durante el mandato de Rafael Correa. Sostuvo que, en esa década, los filtros estatales «brillaron por su ausencia», lo cual, según sus palabras, facilitó que partidos políticos sirvieran de fachada para el ingreso de flujos económicos de origen ilícito. El secretario también hizo hincapié en que la organización partidista ha enfrentado procesos de suspensión temporal en el marco de indagaciones de control electoral.
Reacción del correísmo y allanamientos
Estas fuertes declaraciones coinciden con un escenario de alta tensión política tras los recientes allanamientos judiciales ejecutados contra los líderes de la Revolución Ciudadana, Luisa González y Andrés Arauz. De acuerdo con información de la Fiscalía, estos operativos se enmarcan en una investigación por presunto lavado de activos orientada a determinar el origen y destino de los fondos empleados en la campaña presidencial del año 2023.
Desde el exilio, el expresidente Rafael Correa rechazó tajantemente los señalamientos de Neira y los allanamientos. A través de su cuenta oficial en la plataforma X, Correa defendió las medidas de control adoptadas durante su gestión (como la prohibición de los paraísos fiscales) y calificó el procedimiento de la Fiscalía como un abuso estatal «que no se observa ni en las peores dictaduras». Asimismo, emplazó al Ejecutivo a presentar pruebas reales y completas en lugar de promover lo que describió como «cortinas de humo» mediáticas.
Escenario electoral y polarización
Analistas locales coinciden en que este choque discursivo profundiza de manera crítica la polarización política del país de cara a las próximas contiendas electorales. Mientras el Gobierno enfoca su narrativa en realizar un «ejercicio de memoria» sobre los casos de corrupción del pasado y los nexos mafiosos, la oposición correísta denuncia ser víctima de una persecución política sistemática. En medio de este conflicto, la ciudadanía exige que las acusaciones de financiamiento criminal abandonen el ring de la retórica y se resuelvan con pruebas contundentes ante la justicia ordinaria. (I)