Este lunes 19 de octubre de 2026, la tensión política en la capital aumentó luego de que Juan Esteban Guarderas, en representación de la Fundación Lucha Anticorrupción, acudiera a la Fiscalía General del Estado para ingresar una denuncia penal en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y otros tres funcionarios de la administración municipal.
El caso, que ha sido calificado públicamente como el esquema de «vacunas» o «diezmos», apunta a una presunta red de cobros obligatorios a empleados de libre remoción dentro del Municipio, específicamente concentrados en la Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros.
Las pruebas presentadas
Según declaraciones de Guarderas, la acción legal se sustenta en una investigación de aproximadamente tres meses. Durante la rueda de prensa, el denunciante aseguró poseer:
- Evidencias digitales y testimoniales: Chats, audios, videos y declaraciones de personas perjudicadas.
- Cuotas fijas: Cobros mensuales que oscilaban entre los $60 y $120, presuntamente condicionados a la permanencia de los empleados en sus puestos de trabajo.
- Presunto destino de fondos: Guarderas afirmó que el dinero recaudado de forma irregular, el cual afectaría a cerca de 1,000 funcionarios y ascendería a sumas significativas, habría sido utilizado presuntamente para financiar actividades políticas y campañas electorales del partido Revolución Ciudadana.
Impacto electoral y respuestas
Guarderas enfatizó que no se trata de una persecución partidista y adelantó que también acudirá al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Añadió que, si se comprueban las irregularidades en el financiamiento, Muñoz podría enfrentar la suspensión de sus derechos de participación, lo que obstaculizaría su eventual campaña de reelección para la alcaldía en los comicios seccionales.
Por su parte, el alcalde Pabel Muñoz y las autoridades de la Empresa de Pasajeros han defendido previamente su inocencia. El burgomaestre ha desestimado denuncias similares del Concejo Metropolitano en el pasado, calificándolas de «persecución política» orientada a bloquear su gestión y su futuro electoral. Las investigaciones fiscales determinarán ahora la veracidad de los elementos presentados. (I)