La Alcaldía de Quito reaccionó con firmeza este 21 de octubre de 2026 luego de que la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaran múltiples allanamientos en sus dependencias, incluidas las oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). La institución capitalina enfatizó que «un allanamiento no es una sentencia» y demandó que las investigaciones se lleven a cabo bajo el debido proceso.
A través de un comunicado oficial, el cabildo metropolitano aclaró que prestó total apertura y entregó toda la información solicitada por las autoridades judiciales durante las intervenciones. Asimismo, la administración defendió la legalidad de su gestión al asegurar que cada contrato firmado bajo la actual alcaldía de Pabel Muñoz se adjudicó a través del Sistema Oficial de Contratación Pública (Sercop) mediante procesos abiertos y verificables.
El pronunciamiento municipal ocurre en un contexto de alta tensión, luego de que la Fiscalía ingresara a recabar indicios (como computadores, celulares y documentos) por una investigación de presunto peculado vinculada a la adjudicación irregular de dos contratos de obra pública en 2024 que superarían los 4 millones de dólares. Ante esto, el Municipio solicitó de manera frontal que el caso se maneje «con pruebas y con seriedad, y no con anuncios, filtraciones o acusaciones sin sustento» orientadas a desprestigiar la labor de los servidores públicos.
Por su parte, figuras de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, expresaron su respaldo al alcalde Muñoz. Pabón manifestó en sus redes sociales que «la vida de la gente no mejora encarcelando opositores», sugiriendo motivaciones políticas detrás del operativo judicial. Pese a la controversia y las diligencias, el Municipio de Quito confirmó que la atención ciudadana y los servicios municipales continúan operando con total normalidad. (I)