Un vuelco drástico tomó la investigación del caso Laberinto tras confirmarse que Wendy Lorena Onofre Gaibor, secretaria del movimiento político RETO (Lista 33), compareció por voluntad propia ante la justicia en Guayas. Onofre registraba una orden de detención vigente con fines de formulación de cargos, dentro del proceso por supuesto lavado de activos que también mantiene bajo custodia a la líder correísta Luisa González.
Para los investigadores, la comparecencia de la funcionaria partidista de RETO —agrupación aliada a la Revolución Ciudadana en los comicios— debilita la tesis de persecución política levantada por la defensa y eleva la presión sobre el círculo íntimo del binomio presidencial de 2023.
La ruta de los USD 500.000 no declarados
La Fiscalía General del Estado apunta a que Onofre Gaibor habría cumplido un rol administrativo sensible en el flujo económico de la campaña electoral. La indagación preliminar expone un esquema de ocultamiento financiero estructurado para evadir las auditorías oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
- El mecanismo delictivo: Según el Ministerio Público, se utilizó un entramado de personas jurídicas fachadas para inyectar un aproximado de USD 500.000 destinados de forma exclusiva a publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023.
- La infracción: Dichos fondos millonarios se movilizaron en paralelo a los reportes contables lícitos, sin transparentar la procedencia del dinero ni revelar las identidades de los aportantes reales. Informes de inteligencia conectan el origen de estos recursos con la comercialización ilegal de hidrocarburos.
Cerco judicial se cierra sobre la campaña de 2023
Con la incorporación de la secretaria de RETO a las diligencias inmediatas, la Fiscalía consolidó el expediente que se ventila en los tribunales anticorrupción de Quito, donde ya se instaló formalmente la audiencia de formulación de cargos.
La situación legal de Luisa González suma nuevos elementos de convicción en su contra. En la misma causa también se procesa a Andrés Arauz (excompañero de fórmula presidencial), Estefanía Molina (encargada del manejo económico de la campaña) y al exasambleísta Santiago Díaz Asque, quien ya se encuentra privado de la libertad por una causa penal ajena a este proceso.
La comparecencia forzosa o voluntaria de los directivos de los movimientos implicados allana el camino para que el juez de la causa determine medidas de prisión preventiva e inmovilización de cuentas financieras en las próximas horas. (I)
