Ecuador apuesta a la explotación minera

QUITO (AP) — «Esto nos va a sacar de la pobreza», aseguró a fines de 2011 el presidente Rafael Correa, mientras exhibía por televisión un lingote de oro extraído de minas ecuatorianas valorado en 14.000 dólares. «Vamos a pasar a una nueva era, la era minera», señaló.

El gobierno de Correa cifra grandes esperanzas en la explotación minera bajo los términos de una ley aprobada en el 2009 y negocia actualmente con firmas extranjeras los contratos de explotación de cinco proyectos de gran escala, incluido uno ambicioso para extraer oro que está a punto de concretar con la empresa canadiense Aurelian Ecuador.

La nueva política de fomentar la explotación minera, no obstante, tropieza con las críticas de numerosos sectores, incluidos la Cámara de Minería de Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) –que es la mayor organización indígena del país– y las autoridades de las provincias amazónicas y andinas en las que se negocian los contratos de explotación minera.

Se le cuestiona al gobierno una falta de diálogo con las comunidades aledañas a los yacimientos en la negociación de los contratos, el exceso de trámites burocráticos, las escasas medidas ambientales para proteger a los pobladores de las zonas de explotación y, sobre todo, las exigencias económicas que se hacen a las compañías. Sus detractores afirman que el estado quiere una tajada tan grande de las ganancias que ahuyentará a los inversionistas. 

El objetivo del gobierno es revitalizar un sector que ha sido mayormente postergado en este país, donde predominaba una minería artesanal, sin tecnología y que causa mucha contaminación. Hasta ahora todos los esfuerzos se habían concentrado en el petróleo y la explotación minera se limitaba a asentamientos informales de pequeños mineros que en precarias condiciones buscaban explotar de forma antitécnica minerales como oro y plata, principalmente en el sureste del país.

De acuerdo con cifras de la Cámara de Minería, en Ecuador existen importantes reservas de minerales como oro (71.667 millones de onzas), plata (3.702 millones) y cobre (75.370 millones de toneladas métricas). Esas reservas podrían reportar al país alrededor de 200.000 millones de dólares al país antes de agotarse, de acuerdo con el presidente Correa.

El gobierno está a punto de sellar un acuerdo con la empresa Aurelian Ecuador, subsidiaria de la canadiense Kinross, para extraer oro en Fruta del Norte, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, 450 kilómetros al sureste de Quito. Ese proyecto tiene una inversión inicial de 1.100 millones de dólares y el gobierno, que espera extraer 6.4 millones de onzas de oro, recibirá el 50% de las ganancias y regalías anticipadas de 65 millones de dólares, además de inversiones de la compañía por 40 millones en las comunidades de la Amazonia.

Otra empresa canadiense, Iam Gold, explotará la zona aurífera de Quimsacocha ubicada en la misma provincia amazónica, y la compañía San Luis Minerales, también de Canadá, operará en Río Blanco en la jurisdicción de Azuay, a 380 kilómetros al sur de la capital.

Los dos proyectos restantes, Mirador y Pananza San Carlos, están a cargo de las empresas chinas Ecuacorriente y Explorcobre, que explotarán cobre en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago.

Correa reveló que, de acuerdo con los primeros estudios, Morona Santiago tiene presumiblemente la segunda mina de cobre más grande del mundo, detrás de Chile, según publicó la agencia estatal de noticias Andes.

Estimaciones de la empresa Ecuacorrientes, que descubrió los yacimientos de cobre, señalan que en la zona de propespección minera, entre las dos provincias, hay reservas por 6.300 millones de toneladas métricas.

El gobierno de Ecuador aprobó en enero de 2009 un nuevo marco legal para la explotación minera, que exige a las compañías un estudio de impacto ambiental y autorizaciones de la Secretaría Nacional del Agua y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para poder operar.

Además las obliga a obtener permisos de los ministerios de Transporte, de Electricidad y de Recursos Naturales no Renovables, y exige autorizaciones de las direcciones de Aviación Civil y de Hidrocarburos y de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

También se les requiere a las empresas compartir el 50% de sus utilidades y entregar regalías anticipadas.

De su lado, el dirigente de Territorios y Recursos Naturales de la organización indígena CONAIE, Mauricio Paqui, señaló que esa organización se opone a la explotación minera a gran escala en cualquier zona del país.

«No puede haber ningún acuerdo con las compañías transnacionales porque ellas solo buscan ganar dinero y no les importa la vida de los pueblos de la Amazonia del país», aseguró el indígena oriundo de la provincia de Zamora Chinchipe localizada al sur de Ecuador.

«El acuerdo que ha hecho el Gobierno con esas empresas viola nuestras leyes, porque la Constitución dice que los proyectos de explotación minera debían ser consultadas a las comunidades que están cercanas a las zonas concesionadas y eso no se ha hecho», explicó.

Quishpe sostiene que además de violarse las leyes, «no se han tomado las precauciones necesarias para cuidar las fuentes de agua que sirven para la vida de los pobladores, de sus cultivos y de sus animales».

«Queremos que las autoridades del Gobierno vengan a nuestra provincia, se bañen y beban el agua residual que vierten las compañías mineras a los ríos y las vertientes de agua, para que comprueben si hay contaminación o no», señaló.

«En Zamora Chinchipe viven 91.000 personas de las cuales 250 trabajan en las compañías mineras. No vemos cuál es el beneficio para los pobladores de la zona, ni sabemos en dónde están los 1.500 puestos de trabajo que ofreció el presidente Correa», acotó.

 

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