Corte Suprema argentina rechaza ejecutar sentencia ecuatoriana contra Chevron

Demandantes de Chevron, en Quito el 14 de marzo de 2014. Foto: Micaela Ayala V./Andes

La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó un recurso extraordinario que requería ejecutar en el país una sentencia dictada en Ecuador contra Chevron que exigía a la petrolera estadounidense pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares, por supuestos daños ambientales en la Amazonía.

 «El recurso extraordinario es inadmisible», expresa el alto tribunal en un breve documento, al que accedió Efe, firmado por todos sus miembros, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

En concreto, el Supremo argentino desestimó la apelación de los demandantes –abogados que representan a un grupo de indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana, que demandaron a la petrolera estadounidense por contaminación– contra la sentencia que había dispuesto, en julio de 2018, la Cámara Civil de Apelaciones de Buenos Aires.

En aquel momento, ese tribunal de la capital argentina, que confirmaba la decisión de un juzgado inferior de rechazar la ejecución de la sentencia dictada en Ecuador, indicó que los tribunales locales carecían de jurisdicción internacional.

ORIGEN DEL CASO

Un tribunal de Lago Agrio (Ecuador) condenó en 2011 a la petrolera a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares por daños medioambientales que Texaco, empresa adquirida por Chevron en 2001, supuestamente provocó en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990.

La demanda había sido promovida por un abogado estadounidense de nombre Steven Donziger, que había recogido decenas de firmas de comunidades indígenas de la amazonía que aseguraba haber sido afectadas por la contaminación de la explotación petrolera. La demanda fue impulsada con entusiasmo por el presidente Rafael Correa, que asumió personalmente la causa.

El presidente Rafael Correa, fotografiado durante la campaña «La mano sucia de Chevron». Foto colgada por Fernando Alvarado en Flickr en 2013.

Sin embargo, la multinacional estadounidense alegó que esa sentencia fue obtenida a través de fraude, sobornos y corrupción y rechazó la legitimidad del tribunal ecuatoriano.

En los últimos años, los denunciantes llevaron el caso a distintos países donde Chevron tiene filiales, como en Argentina, con el fin de intentar buscar compensaciones en otras naciones.

Tras conocerse la última decisión judicial argentina, Chevron lanzó un comunicado en el que aplaudió el rechazo a ejecutar la «sentencia ecuatoriana fraudulenta» de 9.500 millones de dólares.

«Esta es la última de una serie de victorias legales en la defensa global de Chevron contra dicha sentencia, que fue considerada por cortes de Estados Unidos como producto de fraude, soborno y corrupción, mientras que un tribunal de arbitraje internacional de La Haya la declaró inejecutable en virtud del derecho internacional«, agregó la multinacional.

En una decisión unánime de 2018, el tribunal internacional de La Haya, incluido el árbitro elegido por Ecuador, sostuvo que la sentencia de $9.500 millones de dólares dictada contra Chevron en Ecuador en 2011 fue obtenida mediante fraude, incluyendo soborno judicial, chantaje y extorsión. El juez a cargo del caso permitió que el equipo de los demandantes redactara clandestinamente la propia sentencia a cambio de la promesa de un soborno. Tras considerar que las pruebas presentadas por Chevron eran “contundentes”, el tribunal sostuvo que “salvo por una confesión firmada por los culpables… la evidencia que demuestra la ‘redacción clandestina’ en este arbitraje debe de ser la Prueba documental, en video y testimonial más completa de fraude jamás presentada ante un tribunal arbitral”. 

El tribunal internacional sostuvo además que la República del Ecuador había liberado a Chevron de los mismos reclamos ambientales en los que se basa exclusivamente la sentencia, luego de que completara un programa de remediación ambiental de $40 millones de dólares aprobado por el gobierno ecuatoriano. El tribunal internacional determinó que la sentencia ecuatoriana violaba el derecho internacional y no debía ejecutarse en ninguna parte del mundo. 

La decisión del tribunal de La Haya coincide con la de las cortes de Estados Unidos.  En 2014, la Corte Federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York determinó que Steven Donziger y su equipo obtuvieron la Sentencia ecuatoriana contra Chevron a través de fraude y chantaje.

La corte prohibió la ejecución de la sentencia ecuatoriana en Estados Unidos y ordenó a los demandantes ecuatorianos y a sus abogados devolver a Chevron los fondos obtenidos de su ejecución en cualquier parte del mundo. La Sentencia de la corte de Estados Unidos es ahora definitiva después de la confirmación unánime de la Corte de Apelaciones y el rechazo de revisión por parte de la Corte Suprema.

En 2018, Steven Donziger, el abogado estadounidense patrocinador de la demanda, quedó suspendido en Estados Unidos del ejercicio profesional como abogado por su conducta dolosa en el litigio de Ecuador. En mayo de 2019, Donziger fue declarado en desacato civil por incumplimiento de la Sentencia RICO, debido a que se lucró de su fraude, vendió “acciones” en la Sentencia ecuatoriana a inversores y destinó gran parte de los fondos a gastos personales. En julio de 2019, Donziger fue encausado penalmente por el delito de desacato judicial debido a su continua negativa a cumplir las órdenes judiciales. Chevron no es parte del procedimiento penal por desacato. 

Donziger no es el único abogado de los demandantes ecuatorianos implicado en lo que el Wall Street Journal ha denominado el “fraude legal del siglo”. La conducta del abogado ecuatoriano Pablo Fajardo fue condenada junto con la de Donziger tanto por las cortes estadounidenses como por el tribunal de arbitraje de La Haya, los cuales concluyeron que ambos “participaron en una conducta prolongada y maliciosa hacia el ordenamiento jurídico [del Ecuador] en general y, en particular, hacia la Corte de Lago Agrio, en una manera que resulta casi increíble por su arrogante desdén por los principios elementales de verdad y justicia”. En mayo de 2018, la Corte Suprema de Gibraltar emitió un fallo contra Fajardo y otros participantes del fraude por su intervención en el intento de ejecutar la Sentencia ecuatoriana, y otorgó $38 millones de dólares en daños y perjuicios a Chevron.

Chevron Corporation es una de las principales compañías integradas de energía a nivel mundial. Tiene su sede en San Ramón, California.

  • Con reportes de EFE.
Pablo Fajardo (centro), abogado de los denunciantes que ganaron un fallo contra la petrolera estadounidense Chevron, habla en una conferencia de prensa en Quito, el miércoles 4 de enero del 2012. El viernes 6, un juez en Estados Unidos dijo que no está dispuesto todavía a bloquear el cobro de la sentencia contra la compañía por el daño ambiental en Ecuador (AP Foto/Dolores Ochoa)

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