Dos mujeres más han denunciado públicamente por presuntos abusos sexuales al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias, y ya suman tres, mientras en el país ha habido un rechazo generalizado a la violencia sexual y llamamientos para que se haga justicia.
Los casos revelados en las últimas horas son el de la periodista costarricense Nono Antillón, cuyo testimonio publica el diario La Nación, y el de Emma Daly, directora de comunicaciones de la organización Human Rights Watch, quien denunció su caso en el Washington Post.
Ellas revelaron sus testimonios luego de que el martes el Semanario Universidad publicara que una médica y activista para el desarme nuclear denunció a Arias ante la Fiscalía por una presunta violación sexual cometida en diciembre de 2014, durante una reunión en la que ella buscaba apoyo para su causa antinuclear.
La identidad de esta mujer no ha trascendido, solo el detalle de que es hija de una exdiputada del mismo partido al que pertenece Arias.
Emma Daly denunció su caso en el Washington Post y relató que fue en un hotel de Managua, Nicaragua, en 1990, cuando se acercó al político para hacerle una pregunta y en lugar de responder le tocó los senos y le dijo: «No estás usando brassier».
Daly, quien en ese tiempo se desempeñaba como periodista para el periódico costarricense en inglés The Tico Times, comentó en el reportaje que no presentó una denuncia formal contra Arias porque consideraba que para la época ese tipo de comportamientos eran comunes en América Central.
Por su parte, Antillón dijo a los medios locales que el hecho ocurrió en 1986, cuando tenía 25 años y trabajaba como asesora de prensa de Arias en la campaña hacia las elecciones presidenciales de ese año.
«Estaba sentada frente a su escritorio, se me acercó, me tomó la mano y me la puso en su pene que estaba erecto. Yo lo empujé y me puse de pie y él se me lanzó. Me cogió por los hombros, me tiró contra un ropero y me empezó a toquetear», relató Antillón a La Nación.
En las redes sociales se pueden apreciar comentarios de todo tipo en favor y en contra de las denunciantes, y también ha nacido la etiqueta #Yotecreo, con la que las personas están mostrando apoyo a las denunciantes.
Arias, de 78 años, se ha limitado hasta ahora a enviar, el martes a través de su equipo legal, un comunicado rechazando los cargos que presentó la médica y anunciado que no se referirá más al asunto.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo este miércoles que se deben cumplir «las garantías para las mujeres denunciantes en este y cualquier caso, para que se proceda como corresponda» y también «el derecho a la defensa» del expresidente Arias.
La expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014), quien fue vicepresidenta entre 2006 y 2008 del segundo Gobierno de Arias (2006-2010), expresó en las redes que ha sido defensora de los derechos de las mujeres y que «como tal condeno toda conducta de violencia y acoso de cualquier naturaleza hacia las mujeres».
«La experiencia confirma que para las mujeres víctimas de acoso sexual, resulta en extremo difícil denunciar el caso por las relaciones de poder que operan en su contra y las intimida, y por la estigmatización de que pueden ser objeto. Como sociedad tenemos la obligación de apoyar a las víctimas para que rompan su silencio y los abusos no queden impunes«, afirmó.
Sobre el caso de Arias señaló que «la justicia está obligada a actuar con celeridad y seriedad», y que «ante el rechazo de cargos que ha hecho don Oscar, se le deberá garantizar su derecho a la defensa y a plantear su descargo».
La presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, también se pronunció y mostró su esperanza de que el proceso judicial sea respetuoso con las partes y se haga justicia.
La abogada especialista en Derechos Humanos y género, Larissa Arroyo, explicó hoy a Efe que la violencia de género es un problema estructural en Costa Rica que deja en evidencia las falencias del sistema judicial.
Arroyo, directora de la ONG de Derechos Humanos Asociación Ciudadana Acceder, afirmó que en el caso de violación sexual, las leyes sí dan garantías en el proceso penal, pero en los de abusos o hostigamientos no hay garantías y la mujer queda prácticamente al juicio social y público. EFE