La bloguera cubana Yoani Sánchez ha confirmado en twitter, hace pocas horas que el disidente Guillermo Fariñas se ha declarado nuevamente en huelga de hambre. Fariñas exigió que el gobierno de Raúl Castro esclarezca las verdaderas causas de la muerte del activista Juan Wilfredo Soto García.
Soto murió el 8 de mayo en circunstancias misteriosas en el Hospital Arnaldo Milián Castro, en Santa Clara. Sus compañeros en la disidencia afirman que el deceso ocurrió por una golpiza que le propinó la policía cuando lo arrestó en el Parque Vidal de esa localidad por alteración del orden público. Las autoridades cubanas no sólo insisten que el hombre, de 46 años, murió de una enfermedad de páncreas, sino también argumentan que la disidencia ha manejado el caso a su antojo.
En un comunicado oficial, Cuba afirmó que “elementos contrarrevolucionarios, de manera inescrupulosa, fabricaron la mentira de que este deceso fue consecuencia de una supuesta golpiza que le habían propinado agentes del orden interior”.
La autopsia oficial supuestamente concluyó que no se observaron signos de violencia internos o externos. Sin embargo la imparcialidad del documento siempre quedó en el aire ya que todos los médicos cubanos trabajan para el sistema de salud pública.
La decisión de Fariñas ha sido confirmada ya por el diario El Nuevo Herald, de Miami.
“Exigimos que encausen a los autores del asesinato de Soto”, declaró Fariñas desde su casa en Santa Clara. “Y, en segundo lugar, pedimos un pronunciamiento público que señale que los opositores pacíficos no van a ser golpeados en las calles”.
Fariñas precisó que asumió el ayuno forzado con todas las complicaciones que éste pudiera arrastrar.
“Mi estado de salud está muy deteriorado. Por lo tanto considero que en esta ocasión los tiempos van a ser más cortos”, apuntó. “Lo haré, como siempre, hasta las últimas consecuencias porque estamos hablando de nuestros hermanos de lucha”.
El año pasado, Fariñas, de 49 años, dejó de ingerir alimentos en un directo desafío por la muerte del prisionero político Orlando Zapata Tamayo, ocurrida el 23 de febrero del 2010. Su medida de fuerza, que duró 135 días, acaparó la atención mundial y obligó a iniciar un proceso de excarcelación de largo aliento con la mediación de la Iglesia Católica cubana, liderada por el arzobispo de La Habana, Jaime Ortega Alamino, y el gobierno español. Fueron puestos en libertad unos 130 prisioneros, entre ellos 52 opositores y periodistas independientes de la llamada Causa de los 75. La mayoría salió directamente de la cárcel hacia el aeropuerto, rumbo a España.