TEGUCIGALPA (AP) — El ex presidente Manuel Zelaya acusó el jueves al gobierno del presidente Porfirio Lobo de violar el Acuerdo de Cartagena de Indias, que permitió el regreso de Zelaya a Honduras, porque un juez decretó arresto domiciliario a uno de sus principales colaboradores por presunta corrupción.
El ex mandatario, quien estuvo exiliado en República Dominicana, instó a sus simpatizantes agrupados en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) a «estar pendientes de una convocatoria a movilización para respaldar a nuestro compañero afectado».
«Exigimos al gobierno de Lobo que, en aras de la reconciliación que pregona, detenga y resuelva esta escalada de persecución», dijo Zelaya en un correo electrónico enviado a la AP. «Y hoy estamos más convencidos que nunca que nos asiste la razón y que no daremos ni un paso en falso en esta lucha del pueblo por su liberación».
«A la comunidad internacional y a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena (formado por los cancilleres de Colombia y Venezuela), hacemos un llamado ante esta violación del mismo», subrayó.
Indicó que su ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores, «se convierte en una nueva víctima del sistema de persecución político-judicial de Honduras y debilita la voluntad de reconciliación de la crisis que abate a nuestro país por el golpe de Estado militar de junio de 2009».
Un juez dispuso el miércoles el arresto domiciliario de Flores y que pague en 30 días una fianza de 1,4 millones de dólares. Este es miembro de la Comisión Política del FNRP.
Flores, que se refugió en Nicaragua luego del golpe de Estado de junio del 2009, retornó a Tegucigalpa el 28 de mayo en el mismo avión que ese día trajo a Zelaya a Tegucigalpa de su exilio en el Caribe.
A raíz del Convenio de Cartagena firmado por Lobo y Zelaya, y avalado por Colombia y Venezuela, los tribunales suspendieron las órdenes de captura contra el ex mandatario y sus ex funcionarios, entre los cuales está Flores.
El convenio logró que la Organización de los Estados Americanos readmitiera a Honduras, a la que suspendió de su seno por la defenestración de Zelaya.
El ex gobernante afirmó que «este nuevo acto de arbitrariedad viola el acuerdo firmado en Cartagena de Indias que manda que los ex funcionarios se defenderán en libertad».
El gobierno aún no se pronuncia al respecto.
Flores se presentó voluntariamente a los tribunales a responder por las acusaciones en su contra y de allí salió acompañado por policías hacia su casa en esta capital.
Sobre el ex ministro pesaban cuatro órdenes de arresto por igual número de acusaciones presentadas en el 2010 por la fiscalía, que lo acusa por despilfarrar cinco millones de dólares cuando ocupó el cargo estatal.
Tras visitar el fin de semana a sus partidarios de la costa atlántica del país, Zelaya (2006-2009) reafirmó su lucha por convocar una Constituyente que modifique la Constitución con el propósito de crear una nueva Honduras. Los militares lo derrocaron por esa razón.
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