Trece jóvenes acusados por el gobierno chileno y por un fiscal de infringir una ley antiterrorista fueron sobreseidos este martes por falta de pruebas, en una audiencia pública, luego de permanecer ocho meses en una cárcel de máxima seguridad y sostener una huelga de hambre por 65 días.
La Fiscalía que llevó el caso fue condenada por el Juzgado de Garantía a pagar las costas del juicio, es decir, los gastos en que incurrieron los acusados en su defensa.
Entre los sobreseidos figuran dos exguerrilleros que combatieron con las armas a la dictadura militar del general Augusto Pinochet, 1973-1990, para los cuales el fiscal del llamado «caso bombas» había pedido presidio perpetuo porque los acusó de ser los líderes de la supuesta asociación terrorista.
Otro acusado, Cristián Cancino, será procesado en un juicio individual por asociación ilícita.
La causa investiga la colocación entre el 2006 y el 2010 de más de 120 artefactos de ruido —bombas de escaso poder explosivo, pero que emiten un nivel de ruido capaz de hace estallar ventanas— que detonaron en sedes bancarias, entidades fiscales y privadas. Sólo murió una persona, un joven que portaba una bomba en su mochila.
Los abogados de algunos de los sobreseidos anunciaron que demandarán al Estado por el daño causado a sus clientes.
El caso lo llevó inicialmente el mediático fiscal Alejandro Peña, quien aportó 6.774 pruebas contra los jóvenes y un listado de 794 testigos y otro de dos centenares de peritos. La misma causa fue llevada durante cinco años por otro fiscal que no consideró que la evidencia reunida en cinco años fueran sólida como para enjuiciar a alguien.
Entre las supuestas pruebas había literatura y afiches anarquistas, un poster de Axl Rose, exvocalista del grupo estadounidense Guns N’ Roses, un libro sobre la vida de los anarquistas italo-americanas «Sacco y Vanzetti», y un ejemplar de «El arte de la guerra», de Sun Tzu, y una pistola de fogueo.
En la fase de preparación del juicio los defensores lograron reducir las supuestas pruebas a 2.450.
Luego que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se quejara de la «lentitud» en la investigación, el persecutor Xavier Armendáriz fue reemplazado por Peña, a quien le bastaron dos meses para detener y encausar a 14 personas, entre ellos algunos anarquistas y un antropólogo, a los que presentó a la prensa como terroristas y los envió a una cárcel de máxima seguridad durante ocho meses.
A los pocos días Peña renunció y se fue a trabajar al Ministerio del Interior, con Hinzpeter.
El juez Moisés Avilés desechó el 70% de las supuestas pruebas, decisión ratificada la semana pasada por la Corte de Apelaciones, con lo que se desmoronó el caso de la fiscalía.
El fiscal nacional, Sabás Chahuán, quien reemplazó a Armendáriz por Peña, declaró que al concluir el proceso pedirá un informe detallado para «tomar las medidas de corrección necesarias, para ver dónde fallamos, dónde falló el equipo anterior y el nuevo, si es que tiene fallas el equipo nuevo».
Uno de los supuestos líderes, hoy sobreseido, Pablo Morales, al salir del centro de justicia declaró a la prensa que «me hubiera gustado ver aquí al fiscal Peña, hoy funcionario Peña, pues fue él quien armó todo este montaje junto al Ministerio del Interior». AP