MADRID (AP) — Baltasar Garzón reivindicó su inocencia este jueves y defendió todas sus decisiones como magistrado en el cierre del primero de los dos juicios que se siguen contra él en España y que han puesto en jaque su carrera.
«La única razón de Estado que yo entiendo y comprendo es la razón democrática de los ciudadanos», dijo Garzón, todavía afónico, en el turno de última palabra que prevé la legislación española para los acusados.
«Todas y cada una de las decisiones que tomé tienen explicación y justificación. Fueron tomadas, en cumplimimento de la más estricta legalidad, interpretando las normas«, añadió.
Las palabras de Garzón cerraron tres intensos días de sesiones en el primero de los juicios contra el magistrado español que se celebran en el Tribunal Supremo.
El veredicto no se conocerá hasta dentro de varias semanas.
Garzón está acusado del delito de prevaricación —dictar a sabiendas una resolución injusta— por su rol en el llamado caso «Gürtel», que destapó una trama corrupta en la administración pública que salpicó a las delegaciones regionales del Partido Popular (PP) en Valencia y Madrid, territorios que estaban bajo su gobierno, y siguen estándolo, cuando ocurrieron los hechos. El PP, liderado por Mariano Rajoy, ganó en las elecciones de noviembre también la presidencia del gobierno español, la cual asumió el mes pasado.
La acusación particular, ejercida por dos implicados en la trama y un abogado que se consideran damnificados por Garzón, solicita hasta 17 años de inhabilitación para ejercer como magistrado por ordenar en el 2009 la grabación de conversaciones telefónicas entre varios acusados encarcelados por el caso «Gürtel» y sus letrados.
La legislación española permite intervenir estas comunicaciones en casos de terrorismo, pero su encaje legal en otro tipo de delitos es más difuso.
En la última sesión del juicio, la acusación aseguró que las grabaciones de Garzón en prisión podían interpretarse como una suerte de «Estado policial».
Algo que negó tajantamente el magistrado, para quien su orden sólo trataba de prevenir la continuación de un delito de blanqueo de capitales.
«En ningún momento se violentó o se lesionó el derecho de defensa, sino que se protegió ese derecho de defensa», afirmó Garzón.
Garzón, de 56 años, investigó violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) y el régimen de facto en Argentina (1976-1983), que lo convirtieron en el rostro más conocido de la justicia universal, sobre todo en América Latina.
Hasta sus suspensión temporal en mayo de 2010, estuvo 22 años al frente del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, desde el que también instruyó sumarios decisivos en la lucha contra el narcotráfico, el grupo separatista vasco ETA y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la fuerza paraestatal creada para combatir a ETA durante la presidencia de Felipe González (1982-1996).
En el contexto de crímenes contra la humanidad, intentó abrir en 2008 una investigación sobre la desaparición sistemática de personas del bando perdedor republicano durante la guerra civil (1936-1939) y el posterior régimen de Francisco Franco (1939-1975).
El proceso, que tuvo que abandonar, le costó otra imputación por prevaricación y otro juicio, que está previsto comience el próximo martes 24 de enero.
El juicio por el caso del franquismo se prevé más largo que el ya finalizado y contará con la intervención de más de 20 testigos propuestos por la defensa Garzón. Algunos de ellos relacionados con grupos pro derechos humanos en el mundo.
En este caso, se acusa a Garzón de haber orillado conscientemente la Ley de Amnistía de 1977, promulgada por el Parlamento para restañar las heridas del conflicto.
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