MONTEVIDEO (AP) — El gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para que el Estado asuma el control de la producción, comercialización y distribución de la marihuana con el propósito de impedir que la población termine accediendo a drogas más peligrosas.
El proyecto fue enviado a la legislatura anoche y su texto salió publicado este jueves en la página web de la presidencia.
«El estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana o sus derivados», dice el proyecto.
«Su objetivo es arrebatar al narcotráfico un negocio de entre 30 y 40 millones de dólares anuales«, a través de «la normalización e inclusión social plena del uso de la marihuana» para que los consumidores no sean «estigmatizados», dice el proyecto.
Explica que busca que los consumidores puedan decidir contando con una información veraz y campañas educativas sobre los riesgos el uso de la marihuana.
Añade que «la marihuana es desde hace muchos años la sustancia ilegal más consumida, teniendo un importante nivel de legitimidad en la sociedad uruguaya», y apunta que su capacidad «de generar dependencia física y psicológica es de leve a moderada», frente a otros estupefacientes de potencial adictivo «mucho mayor».
«Entre éstos encontramos a la pasta base de cocaína, el alcohol, el tabaco y los psicofármacos», añade el documento.
El Parlamento debe entrar ahora a debatir la iniciativa del gobierno del presidente José Mujica, que no logró unanimidad entre los propios legisladores oficialistas durante el estudio del proyecto, que el Ejecutivo había anunciado en junio, y que ha generado un amplio debate.
Mujica ha reiterado que si la iniciativa no recibe el apoyo de al menos 60% de la población el gobierno la dejará de lado.
El texto remitido al Parlamento señala que Uruguay «no comparte los enfoques prohibicionistas y las concepciones de guerra a las drogas extendidas a nivel internacional que han tenido como consecuencia causar más daño, generar más violencia y corrupción y no han tenido éxito en cuanto a las metas que persiguen».
El secretario general de Drogas, Julio Calzada, citado en el sitio web oficial aclaró que «el Estado en ningún momento realizará apología del consumo de drogas», sino que intenta regular un mercado ya existente, en el que tiene la obligación de intervenir «para hacerlo más claro y transparente».
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