BOGOTA, Colombia (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos retiró provisionalmente a Colombia de su listado de los países del continente donde ocurren las peores violaciones a los derechos humanos, dijo este viernes el presidente del organismo al culminar la primera visita en pleno al país desde 2004.
Colombia ingresó hace más una década al capítulo cuatro del informe anual de la comisión la llamada «lista negra» de los peores violadores de derechos humanos en la región— y aunque la inclusión no acarrea sanciones, activistas de derechos humanos resaltan su valor como medio de presión para lograr mejoras.
Tras realizar una visita a Colombia entre el 3 y 7 de diciembre por invitación del gobierno, la CIDH concluyó que por el momento y «en el presente caso… (la Comisión) ha acordado realizar un informe de país y el monitoreo de los derechos humanos en Colombia se plasmará en ese informe de país y no así en el capítulo cuatro», dijo el magistrado José de Jesús Orozco, al frente de la entidad.
En una rueda de prensa en un hotel del norte de Bogotá, Orozco explicó que, «en consecuencia…, quiero destacar (que Colombia) no será incluido en ese capítulo» cuatro.
Pese al anuncio hecho por Orozco, el segundo vicepresidente de la comisión, Felipe González, advirtió en la misma rueda de prensa que la inclusión o no de un país en el capítulo cuarto «no implica un juicio de la Comisión a cerca del mejoramiento o empeoramiento a la situación de los derechos humanos en Colombia».
Ninguno de los dos integrantes de la Comisión explicó exactamente las razones de la exclusión de Colombia del listado.
Orozco sí indicó que en próximos visitas se determinará si Colombia «sería sujeta de volver, valga la expresión, al capitulo cuarto».
Pero Rafael Barrios, del no gubernamental Colectivo de Abogado José Alvear Restrepo, dijo en diálogo telefónico que Colombia ha venido pidiendo esa exclusión desde hace varios años argumentando una mejora en su record de derechos humanos.
Aunque estar dentro de la lista no acarrea sanciones «se trata de una cuestión moral y simbólica porque ningún país quiere estar en listas negras», dijo Barrios a la AP
Enterado de la decisión de la comisión, el presidente Juan Manuel Santos celebró la determinación y dijo que era «un reconocimiento» que «estaba en mora de hacerlo».
En un evento celebrado en una escuela militar del norte de Bogotá, el mandatario dijo, según comunicado de la casa de gobierno, que «ayer (jueves) me reuní con el presidente de la Comisión. Le dije: este país ha avanzado como tal vez ningún otro país hacia el respeto de los derechos humanos en todos sus frentes. Nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía tienen internalizado la importancia de los derechos humanos como fuentes de su legitimidad. El avance ha sido muy importante y eso debe ser reconocido. Y hoy creo que hicieron ese reconocimiento».
En síntesis, recalcó el gobernante, «después de 11 años de estar en la lista negra, nos sacaron».
En esa lista están países como Cuba y Venezuela. En 2009, fue retirado Haití y fue agrega a la lista Honduras debido a los sucesos desencadenados tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya.
En su último informe emitido en abril, la CIDH había mantenido a Colombia en su listado negro debido a la «persistencia de situaciones estructurales o circunstanciales que por varias razones tienen un efecto grave sobre el disfrute y el ejercicio de los derechos humanos fundamentales», y califica como «compleja» la situación que vive la nación sudamericana tras cinco décadas de conflicto interno y la violencia relacionada al crimen organizado.
La comisión había señalado en ese informe que pese a los importantes esfuerzos gubernamentales por desmantelar al grupo armado Autodefensas Unidas de Colombia, grupos ilegales armados continúan involucrados en actos de violencia contra mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
La entidad anunció esta decisión durante el proceso de reformas al sistema interamericano de derechos humanos que adelanta la OEA, el cual fue impulsado por Colombia y otros estados miembros de la OEA que han señalado a la de CIDH de no operar con la suficiente transparencia y rigurosidad legal.