Guatemala, 10 may (EFE).- El general golpista José Efraín Ríos Montt, declarado hoy culpable de genocidio y crímenes de guerra y condenado a 80 años de prisión, es el personaje más polémico de la historia reciente de Guatemala, y quizá el que más odios y amores genera entre la divida sociedad guatemalteca.
Después de un largo proceso judicial que se inició en el año 2000 con las denuncias presentadas en su contra por organizaciones de supervivientes y familiares de las víctimas de la cruenta represión desatada por el Ejército a su mando en contra de civiles, la Justicia le ordenó pagar por lo que él siempre calificó como «excesos».
A sus 86 años, este anciano militar, que siempre se declaró inocente de las acusaciones que se presentaron en su contra tanto en Guatemala como en España, nunca negó los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas durante los meses que gobernó de facto el país (marzo de 1982 a agosto de 1983).
Los ocurrido durante los 15 meses que fue jefe de Estado, dijo, fue responsabilidad exclusiva de los comandantes de las bases y destacamentos militares ubicados en los diferentes territorios del país, y sobre lo que él, insistió, «nunca» estuvo enterado.
Según el fallo del tribunal, Ríos Montt fue «responsable intelectual» de la muerte de al menos 1.771 indígenas ixiles, a manos de miembros del Ejército que actuó bajo sus órdenes y con base en los planes militares diseñados y aprobados por él.
Desde 1974, cuando se presentó como candidato presidencial del desaparecido partido Democracia Cristiana, hasta la fecha, Ríos Montt ha sido uno de los más destacados y polémicos protagonistas de la vida política de Guatemala.
Resaltó como militar de línea dura, pastor de una congregación evangélica fundamentalista, mesiánico líder político de derechas, eterno aspirante a la Presidencia, e icono de la brutal represión desata por el Ejército durante los años más cruentos de la guerra interna que vivió Guatemala entre 1960 y 1996.
Ese conflicto, que se saldó con más de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de un millón de desplazados internos, dividió y polarizó a la sociedad guatemalteca, que a pesar de los 16 años transcurridos desde la firma de la paz, no logra concretar su reconciliación.
El 23 de marzo de 1982, Ríos Montt integró la Junta Militar designada por los oficiales jóvenes del Ejército que por medio de un golpe de Estado derrocaron al entonces presidente, el general Fernando Romeo Lucas García.
Tres meses después disolvió la Junta Militar y se proclamó jefe de Estado, presidente de la República y comandante general del Ejército.
Una de sus primeras medidas fue la puesta en marcha de los Tribunales de Fuero Especial, en los que los jueces con el rostro cubierto condenaron a muerte a 16 personas, y obligar a los indígenas a integrarse a las denominadas Patrullas de Autodenfesa Civil, grupos paramilitares de control y represión.
Según diversas fuentes académicas y defensores de los derechos humanos, durante los 15 meses que Ríos Montt gobernó de facto, el Ejército perpetró más de 250 matanzas colectivas de indígenas, principalmente en las zonas del oeste y noroeste del país, con un saldo de más de 25.000 muertes.
El 8 de agosto de 1983, Ríos Montt fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por su entonces ministro de la Defensa, el general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien gobernó el país hasta enero de 1986, cuando se instauró la democracia.
A finales de 1989, Ríos Montt fundó el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido que le permitió ser reelegido como diputado del Congreso desde 1994 hasta 2012, cuando concluyó su último período legislativo.
A pesar de que la Constitución guatemalteca prohíbe a caudillos y golpistas presentarse como candidatos a la Presidencia, Ríos Montt logró el apoyo de la Corte de Constitucionalidad para inscribirse como aspirante al cargo en las elecciones de 2003, que perdió de forma aplastante.
En diciembre de 1999 la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, presentó una querella contra ocho exaltos cargos militares, Ríos Montt entre ellos, ante la Audiencia Nacional de España.
La denuncia de Menchú por genocidio, torturas y terrorismo de Estado, fue admitida a trámite por el juez del tribunal español Guillermo Ruiz Polanco el 27 de marzo de 2000, que meses después emitió una orden internacional de captura con fines de extradición a España, la cual nunca se concretó.
Aunque el proceso penal ante la Justicia española continúa abierto, en diciembre de 2007 la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal guatemalteco, dejó sin efecto lo actuado por la Audiencia Nacional por considerar que el alto tribunal español no tenía competencia para juzgar a guatemaltecos.
En el año 2000, la Asociación por la Justicia y la Reconciliación, integrada por familiares de las víctimas de la represión, presentó una denuncia penal ante los tribunales guatemaltecos por genocidio en contra de Ríos Montt y otros militares retirados.
En enero de 2012, tras cumplir su último período como diputado y perder la inmunidad, Ríos Montt se presentó ante la Justicia para responder a las acusaciones en su contra presentadas en 2007 y una jueza lo ligó a proceso y ordenó su prisión preventiva domiciliaria, situación en la que se encontraba hasta su condena. EFE
