SAO PAULO (AP) — Las protestas generalizadas que continuaban en Brasil el miércoles han permitido a los ciudadanos ventilar su inconformidad por una serie de problemas y constituyen el mayor reto al Partido de los Trabajadores desde que asumió el poder en 2003, así como un indicio dramático de la desilusión con la izquierda, que llegó al poder gracias al apoyo popular pero que se desligó de sus orígenes en los años posteriores.
La presidenta Dilma Rousseff y su aliado político, el alcalde paulista Fernando Haddad, tienen pocas opciones, ya que no solo deben atender la demanda concreta de los manifestantes de revertir las alzas en las tarifas del transporte público, sino que también confrontan problemas sin soluciones inmediatas en la educación pública, la atención médica y la seguridad.
Desde que estallaron las protestas a principios de esta semana, Rousseff dijo que las manifestaciones pacíficas son parte del proceso democrático, pero su respuesta se limitó a esta declaración, ya que no ha creado comisiones de trabajo ni adoptado ninguna otra acción pública para reducir las tensiones.
Algunos observadores políticos dicen que Rousseff, que se reúne discretamente con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y con Haddad, está reaccionando lo mejor que puede en estos momentos. La presidenta ha dicho que las manifestaciones fortalecen la democracia en Brasil y ha exhortado a los funcionarios de Sao Paulo a ordenar a la Policía que no repriman las manifestaciones.
Sin embargo otras voces, incluso de miembros de su propio partido, argumentan que el fuerte descontento expresado por los cientos de miles de personas que han salido a las calles de Brasil debe ser abordado a corto plazo, y les preocupa que el estilo de gobierno a distancia de Rousseff no satisfaga a los manifestantes.
«La respuesta de la mayoría de los políticos ha sido insuficiente, ya que no entienden que al ser elegidos se comprometieron con la población», dijo Domingos Dutra, diputado del Partido de los Trabajadores, que a menudo ha chocado con la dirigencia del partido. «Las demandas de los manifestantes son claras: la reversión inmediata de los aumentos en las tarifas del transporte. Pero hay otras, como mejorar la atención médica, combatir la violencia y la impunidad. La presidenta Dilma ha tardado demasiado en reconocer que estas demandas son genuinas».
Dutra dijo que cuando se trata de tomar medidas enérgicas contra las voces disidentes, permitiendo la destrucción del medio ambiente en el Amazonas o la construcción de grandes obras públicas para el Mundial y los Juegos Olímpicos, el gobierno de Dilma «se mueve rápidamente».
«Pero cuando se trata de satisfacer las demandas sociales, funciona lentamente. Espero que el gobierno entienda que la sociedad está evolucionando y que tiene que actuar con rapidez para satisfacer la demanda», agregó.
No hay señales de cuándo terminarán las protestas que sacuden Brasil, como tampoco se sabe si revertir los incrementos en las tarifas del transporte público aliviará las tensiones. Esto es de gran preocupación para el gobierno de Rousseff ahora que los ojos del mundo están puestos sobre el país, que será sede de una visita papal el mes que viene, además de la Copa del Mundo el próximo año y los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en 2016.
Las protestas son alimentadas por la clase media, que siente una presión económica muy intensa como consecuencia del costo de la vida en Brasil, debido en gran parte a la enorme carga fiscal que algunos expertos dicen que ofrece el peor rendimiento de los servicios públicos en el mundo. Una encuesta entre los manifestantes que asistieron a las marchas de esta semana en Sao Paulo llevada a cabo por el respetado grupo Datafolha dice que el 77% de los que protestan tienen un título universitario, el 53% son menores de 25 años y el 84% dice que no pertenecen a ningún partido político.
Esto deja en claro la intensa desconexión que los participantes en las manifestaciones sienten hacia sus gobernantes. Sin embargo, también muestra que la clase media baja de Brasil y sus pobres, fervorosos partidarios del Partido de los Trabajadores, no están participando. La situación económica de los más pobres de Brasil mejoró drásticamente durante los mandatos de Silva y Rousseff, en gran parte debido a los aplaudidos programas de transferencias de efectivo del gobierno que han ayudado a 40 millones de personas salir de la pobreza e incorporarse a la clase media-baja en la última década.
Sin embargo, decenas de millones de personas que conforman la clase media de Brasil y la clase media alta se sienten desconectados del gobierno y dicen no estar representados por ningún partido político, dijo Riordan Roett, director del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Agregó que esos ciudadanos han visto que la situación de los pobres mejoró mucho y los convirtió en voraces consumidores nuevos, pero sus salarios se han estancado y su poder adquisitivo ha disminuido, sin que existan programas gubernamentales orientados a mejorar sus vidas.
Roett dijo que el famoso «costo Brasil» —en gran medida problemas de infraestructura que hacen que todo en el país sea tan costoso — significa que Rousseff no tiene ninguna «varita mágica que pueda usar para resolver el problema».
«Hay una sensación clara entre la clase media brasileña de que el Partido de los Trabajadores los ha ignorado», dijo Roett. «No hay una respuesta a corto plazo. Tiene que haber un diálogo entre los partidos para medir cuán profunda es la frustración y cuáles deben ser las prioridades en las respuestas del gobierno. Rousseff tiene que revisar todo el espectro político en busca de respuestas».
Un diplomático occidental que habló a condición del anonimato debido a la delicada situación política de Brasil dijo que no cree que el gobierno de Rousseff «se haya congelado», sino que la rápida propagación de las protestas pilló a los líderes brasileños con la guardia baja.
«Hasta ahora, la respuesta del gobierno ha sido en gran parte retórica pero acertada, en el sentido de que han retirado a la Policía y no han entrado como Turquía en batallas campales con los manifestantes a plena vista del público», dijo el diplomático. «También han tratado de abordar la causa inicial mostrando voluntad para cambiar el costo del transporte. Y tampoco han denigrando a los manifestantes, debido al argumento de Dilma de que con base en su experiencia en los años 1970 y 1980, es importante escuchar estas voces democráticas».
Para Christopher Garman, director para América Latina de Eurasia Group, la consultora estadounidense de riesgo político, el gobierno brasileño se ha convertido de alguna manera en una víctima de su propio éxito económico.
«Conforme Brasil se volvió más rico, las demandas políticas empezaron a cambiar. La gente quiere cosas diferentes de su gobierno», dijo Garman. «Cuando hay un cambio hacia un país de ‘ingreso medio’ con una clase media robusta, empiezan a pedir algo más, como mejores servicios públicos».
Garman añadió que como la economía brasileña se ha debilitado en los últimos dos años y la inflación ha subido, «la clase media se ha visto afectada».
Las soluciones a largo plazo que los manifestantes están exigiendo —mejoras en todas las facetas del sector público— requerirán importantes reformas al sistema político, y no sólo más fondos.
«El problema no es el dinero, sino cómo se gasta. Una gran cantidad del gasto público es muy rígido, además de que el sector público es muy amplio y los beneficios siguen siendo muy generosos», dijo Garman.
Sin embargo, Garman y otros observadores de Brasil se preguntan si las protestas pueden sostenerse durante semanas. A diferencia de Turquía, donde el primer ministro Recep Tayyip Erdogan representa un objetivo unificador para todos los manifestantes, no hay un político brasileño al que pueda apuntarse, ni siquiera Rousseff.
«Es difícil que esto vaya a durar semanas. La naturaleza del movimiento es tan difusa que probablemente se extinga por sí solo», dijo Garman. «Hay descontento difuso sobre todo esto, pero no hay un blanco específico».
