Buenos Aires (AP) — La Corte Suprema de Justicia argentina abrió el debate sobre la ley de medios audiovisuales antes de emitir un fallo sobre su constitucionalidad en el que se cruzaron visiones diametralmente distintas sobre si viola la libertad de expresión o garantiza ese derecho al impulsar el combate a los monopolios.
Este es «un caso de trascendencia nacional, que interesa no sólo a las partes sino a la sociedad», dijo antes de la audiencia el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti.
La sala donde tuvo lugar la convocatoria estaba repleta de periodistas de Argentina y otras partes del mundo, dada la expectativa que ha generado la batalla judicial que desde hace cuatro años libran el gobierno y el Grupo Clarín en la que ambos miden sus fuerzas y ponen en juego su poder ante la opinión pública.
La batalla judicial se centra en el artículo 45 que fija restricciones a la multiplicidad de licencias audiovisuales en el ámbito nacional y local.
El mayor negocio del grupo es el operador Cablevisión, que a su vez tiene otras subsidiarias en las provincias con otro nombre pero que forman parte del mismo holding. Es propietario del proveedor de internet Fibertel, con la mayor cantidad de usuarios en el país, varios canales de televisión y del diario de mayor circulación regional, con 800.000 ejemplares el domingo.
La audiencia continuará el jueves cuando los abogados de Clarín y el gobierno expongan sus puntos de vista.
En la jornada del miércoles opinaron diez abogados y representantes de organizaciones, a favor y en contra, llamados «amigos del tribunal». También expresaron su opinión dos que se presentaron como independientes.
Los que hablaron a favor de la ley la calificaron de incluyente y antimonopólica. Señalaron que está a favor de cooperativas y pequeños medios de comunicación.
Pero los «amigos del tribunal» que defendieron la postura del multimedios afirmaron que los artículos en discusión contradicen aquellas normativas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que establecen que no debe haber leyes antimonopolio exclusivas para los medios de comunicación.
En la plaza frente al edificio que acoge a la Corte agrupaciones sociales y pequeños medios de comunicación se manifestaron a favor de la ley que fue aprobada gracias al peso del oficialismo en el Congreso y de partidos opositores de centroizquierda.
Los manifestantes armaron tiendas de campaña donde dieron a conocer sus ideas a favor de la norma y vitorearon las intervenciones de los cinco «amigos del tribunal» que abogaron por el gobierno mientras seguían el desarrollo de las exposiciones en una enorme pantalla.
«Esta ley permite a los más débiles acceder a las licencias de medios audiovisuales mediante concurso público» y en igualdad de condiciones que los actores de mayor poder económico, señaló a The Associated Press Ariel Weinman, uno de los directivos de la modesta emisora Radio Gráfica, la cual se define como «comunitaria y popular». «Esta norma regula una materia que es patrimonio de todos» y además se ha inspirado en legislación antimonopólica de Estados Unidos, agregó el periodista.
Durante la audiencia Miguel Rodríguez Villafañe, titular de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, con 200 miembros, y expositor a favor del gobierno, pidió a los jueces que impidan que Clarín siga actuando como un «monopolio»: «Señores jueces no permitan las concentraciones, no nos excluyan… no sólo hay que dar la palabra sino asegurar que el volumen de algunos no tape el volumen de otros».
Beinusz Szmukler, de la Asociación Argentina de Juristas, acusó a Clarín de «desinformar» y subrayó que la aplicación integral de la ley de medios garantizará que el público «tenga derecho a generar y recibir información veraz».
Carlos Ruta, rector de la Universidad Nacional de San Martín, dijo que los jueces deben decidir si es mejor confiar en «los poderes salvajes» de la empresa privada o en «las garantías de las instituciones del Estado». «Lo que está en juego es la democracia constitucional», insistió Ruta.
Por su parte Damián Loreti, del Centro de Estudios Legales y Sociales, denunció que a raíz de grupos concentrados como Clarín «han cerrado empresas de señales de cable» en diferentes lugares del país.
El venezolano Asdrúbal Aguiar, del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, calificó los aspectos de la ley objetados por Clarín como «irrazonables», «arbitrarios», «ilegítimos» y «absurdos».
Representantes del Comité del Consumidor advirtieron por su parte que la norma «vulnera el derecho a elegir» de los ciudadanos porque «intenta restringir el acceso a una oferta plural» mientras que el Estado «no tiene límites» para llegar a su audiencia.
En tanto Eduardo Oteiza, de la Organización de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, dijo en tanto que en Estados Unidos poner límites a la cantidad de licencias que poseen los medios «es inconstitucional».
El último fallo sobre el litigio entre Clarín y el gobierno lo expidió la Cámara en lo Civil y Comercial Federal que en abril dio la razón a la empresa periodística sobre varios aspectos de los artículos 45 y 48, que la obligan a desprenderse de licencias. Pero, a su vez, avaló la postura del Ejecutivo al considerar constitucionales otros artículos, el 161 y 41, que contemplan el plazo de un año para desinvertir y regulan la transferencia de licencias. Ambas partes apelaron ante la Corte Suprema los aspectos que les fueron adversos en ese fallo.
* Foto de Portada: Simpatizantes del gobierno se reúnen frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia argentina donde los integrantes del máximo tribunal escuchaban los argumentos a favor y en contra de una ley de medios audiovisuales que ha alimentado un enfrentamiento entre el gobierno de Cristina Fernández y el Grupo Clarín, en mayor multimedios del país; el miércoles 28 de agosto de 2013 en Buenos Aires, Argentina. (AP foto/Victor R. Caivano)
