BOGOTA, Colombia (AP) — El presidente Juan Manuel Santos sostuvo este jueves que el país atraviesa una tormenta a raíz de la huelga de pequeños agricultores que ya lleva 10 días y pidió mesura a quienes se alistan para marchar en varias ciudades del país.
«Tratemos de pasar esta tormenta de la mejor forma posible, después de la tormenta viene la calma», aseguró el gobernante al aludir al paro agrario en rechazo a los bajos precios en las cosechas y los altos costos en los insumos que hacen que los cultivadores produzcan a pérdida. Los campesinos también se quejan por la creciente importación de productos que atribuyen a tratados de libre comercio y convenios comerciales con distintos países.
El jefe de Estado consideró justas las exigencias de los labriegos quienes, según dijo, han sido víctimas por años del abandono estatal.
«Hay una crisis en el sector agropecuario, una crisis que tenemos que enfrentar y de la cual vamos a salir adelante», dijo Santos en una alocución al país desde la sede de gobierno.
El mandatario ratificó una serie de medidas para ayudar a los pequeños cultivadores, principalmente de papa, cebolla y productores de leche del centro del país, desde rebajar a cero el arancel de importación para 23 distintos productos fertilizantes y abonos, actualmente de entre 5% a 10%, pero no ofreció detalles sobre cuándo comenzaría a regir la medida.
El paro comenzó el 19 de agosto y se ha desarrollado con fuertes manifestaciones y bloqueos de carreteras principalmente en el centro del país como en el departamento Boyacá, en cuya capital, Tunja, se realizan desde el martes conversaciones entre voceros del gobierno y líderes campesinos para tratar de poner fin al paro.
Santos admitió que los problemas del campo se han acumulado a lo largo de décadas y que desde hace 44 años no se hace un censo agropecuario para conocer la situación de los productores, dónde están y cuáles son sus dificultades específicas.
«La protesta pacífica fortalece la democracia«, insistió el presidente quien, no obstante, pidió cordura en las marchas de hoy anunciadas por los universitarios en apoyo a los campesinos que tendrán lugar en ciudades de al menos 27 de los 32 departamentos del país. «Por favor no caigamos en manos de los violentos, no permitan que los violentos se apoderen de estas protestas porque se distorsiona todo el sentido de la protesta y se genera un enfrentamiento innecesario», agregó.
Los universitarios marcharán en apoyo a los pequeños agricultores pero también en demanda de que se instale una mesa de diálogo para discutir reformas al sistema de educación superior y que el gobierno cubra o entregue fondos para paliar el déficit de 11 billones de pesos (unos 5.700 millones de dólares) que tienen las universidades públicas y que se ha acumulado desde hace al menos 20 años.
En Colombia funcionan 37 universidades e instituciones de educación superior públicas y al menos 17 privadas que albergan en conjunto 1,8 millón de estudiantes, unos 600.000 de ellos en el sistema privado.
Desde su inicio las protestas campesinas han dejado al menos dos civiles muertos, medio centenar de personas heridas y al menos 175 detenidos, según grupos de derechos humanos que han denunciado abusos de la fuerza pública y han demandado la renuncia del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. El gobierno «vive momentos contradictorios desde todo punto de vista. Mientras sostiene un discurso político sobre la necesidad de llegar al fin de conflicto armado, al mismo tiempo actúa de manera represiva contra la población civil», indicó en un comunicado el no gubernamental Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
De acuerdo con el Ministerio del Interior unas 45.000 personas participan en las protestas en todo el país, de 47 millones de habitantes, y existen 72 bloqueos en ocho 32 departamentos, la mayoría en Boyacá. Al menos 29 vehículos han sido incendiados en distintos puntos del país, agregó el ministerio en un comunicado.
Santos recordó que los voceros de los manifestantes habían prometido levantar los bloqueos si se llegaba a un acuerdo en al menos un punto de la agenda de negociación y cuestionó que los bloqueos sigan en pie pese a que varios de los aspectos exigidos por los labriegos ya han sido acordados. Los voceros de los campesinos no han dicho si aceptaron esas ofertas oficiales, por ejemplo sobre los aranceles de importación de fertilizantes, y cuándo podrían levantar los bloqueos.
Para evitar complicaciones con los transportes escolares y en prevención de cualquier desorden por las marchas universitarias, la Secretaria de Educación de Bogotá ordenó la víspera suspender las clases en los 360 colegios públicos de la capital colombiana donde estudian unos 900.000 alumnos de entre tres y 18 años.