Barcelona (España), 12 dic (EFE).- Los nacionalistas de Cataluña acordaron hoy convocar una consulta para decidir si esta región española quiere ser un Estado, mientras que el Gobierno central y la oposición socialista rechazaron esa hipótesis por considerar que es ilegal.
El presidente del Ejecutivo regional catalán, Artur Mas, anunció el acuerdo con formaciones nacionalistas e independentistas de esa región para que el 9 de noviembre respondan a una pregunta de tipo soberanista: «¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?».
En caso afirmativo, los participantes en esa consulta podrían contestar a una segunda, en el sentido de si desean que ese Estado sea «independiente».
Durante meses los nacionalistas catalanes negociaron la fecha y el tipo de pregunta en una consulta de autodeterminación, sobre la que el Gobierno central se apresuró a afirmar que carece de legalidad, ya que no está prevista en la Constitución.
Al final la pregunta es en realidad dos, para permitir un acuerdo entre varios partidos que durante meses estuvieron debatieron en un tira y afloja.
Con una población de 7,5 millones de personas y una superficie de 32.106 km2, Cataluña cuenta con una renta media por persona que en 2011 era de 27.430 euros (unos 37.570 dólares), 4.000 euros por encima de la del conjunto de España.
Esa región con un alto nivel de autonomía es gobernada en la actualidad por el partido nacionalista de centroderecha CiU, al que pertenece Artur Mas, pero requiere el respaldo de otras fuerzas en la Cámara local, ya que carece de mayoría absoluta por si mismo.
Los partidos que pactaron hoy el contenido de esa consulta suman 88 de los 135 diputados del Parlamento regional catalán, que a partir de la semana próxima buscará el modo de – a su juicio – adecuarla a la legalidad.
El Gobierno español del PP (centroderecha) anticipó rápidamente que no consentirá esa consulta y el propio presidente, Mariano Rajoy, dijo a través de un portavoz que rechaza que vaya a autorizar una consulta de tipo soberanista en la región de Cataluña, por entender que va contra la Constitución y contra la soberanía de todos los españoles.
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se pronunció en la misma línea y dijo que la Constitución no autoriza someter a referéndum cuestiones que afectan a la soberanía nacional y corresponden a todos los españoles.
«Pretender que una comunidad autónoma adopte una decisión sobre algo que nos pertenece a todos los españoles, que es nuestra soberanía y nuestra integridad territorial, es intentar hurtar a los españoles» de su capacidad de decisión, afirmó el ministro en el Congreso de los Diputados.
En este rechazo el Gobierno central encontró el apoyo de los socialistas, que son el primer partido en la oposición.
Su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, mostró su convicción de que la consulta no se realizará y garantizó el respaldo al Ejecutivo de Rajoy, al que atribuyó la responsabilidad de dar una respuesta a la posición de Artur Mas, del que dijo que «está llevando a Cataluña a un callejón sin salida».
El aludido justificó la consulta con el argumento de que «todo el que quiera un cambio de estatus político de cataluña lo podrá votar, y el que quiera que sea de forma independiente lo podrá votar». EFE