Buenos Aires, 30 may (EFE).- Tras convertirse en el primer vicepresidente argentino en ejercicio llamado a declarar por la Justicia, Amado Boudou, imputado en una causa de corrupción, reiteró hoy que es «inocente» y afirmó que no renunciará a su cargo en el Ejecutivo de Cristina Fernández.
Boudou deberá concurrir el próximo 15 de julio ante el tribunal que encabeza el juez federal Ariel Lijo, encargado de la denominada causa Ciccone, que investiga la presunta compra irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica por parte de un empresario cercano al vicepresidente.
Imputado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, Boudou recalcó que «de ninguna manera» va a renunciar ni se va a apartar temporalmente de su cargo porque es «inocente», en declaraciones radiales. Dijo no tener miedo de terminar condenado ya que no hay nada que se le pueda imputar porque en ningún momento ha «actuado al margen de la ley».
«Lo juro y lo sostengo y así lo voy a demostrar cuando vaya a la audiencia indagatoria», reiteró Boudou, quien ya se había presentado de forma voluntaria ante el juez en febrero, cuando el fiscal solicitó al tribunal que lo llamase a declarar.
Mientras Boudou atribuye la investigación en su contra a venganzas relacionadas con intereses empresariales opuestos a las políticas que desarrolló desde la cartera de Economía (2009-2011), la oposición pide que se aparte de sus funciones o se someta a juicio político.
Los aspirantes a la presidencia argentina en 2015 Sergio Massa y Mauricio Macri, de los opositores Frente Renovador y Propuesta Republicana, respectivamente, coincidieron además en solicitar que la Justicia «actúe sin presiones».
«Debemos garantizar la libertad absoluta al juez para llegar a la verdad y que el vicepresidente dé todas las explicaciones que tenga que dar», dijo Massa.
«Lo importante es que se aporten todos los elementos y que la Justicia trabaje con ellos, de manera independiente», señaló Macri.
En julio de 2010, un juzgado del fuero comercial declaró la quiebra de Ciccone a petición del Fisco argentino por deudas impositivas, pero la Justicia levantó la declaración tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos.
En el proceso, el Ministerio de Economía, que entonces encabezaba Amado Boudou, habría intervenido presuntamente ante el Fisco a favor de la empresa.
Tras el levantamiento de la quiebra, la compañía quedó en manos de The Old Fund, presidida por Alejandro Vandenbroele, señalado como «testaferro» de Boudou, aunque el vicepresidente niega el vínculo.
Según la citación judicial, las pruebas de la fiscalía indican que «Amado Boudou, junto a José María Núñez Carmona (empresario y amigo de Boudou), habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial».
«Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa ‘Ciccone Calcográfica’ a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública», continúa el texto.
Amado Boudou dejó la cartera de Economía tras las elecciones de 2011 para ocupar la Vicepresidencia, pero las denuncias por su presunta implicación en escándalos de corrupción eclipsaron su carrera política.
La citación supone un golpe para el Gobierno de Cristina Kirchner, que pese a haberle mantenido en un discreto segundo plano en los últimos tiempos, siempre le ha dado su respaldo, incluso el pasado 25 de mayo, día de la Fiesta Nacional, cuando Boudou tuvo reservado un asiento de primera fila, justo detrás de la presidenta, en los actos oficiales. EFE