Buenos Aires, 4 jun (EFE).- La defensa del vicepresidente argentino, Amado Boudou, imputado en una causa por presunta corrupción, pidió hoy a la Justicia la nulidad del llamado a indagatoria de su representado, prevista para el 15 de julio.
En su presentación, los abogados de Boudou solicitaron además al juez del caso, Ariel Lijo, que dicte una nueva resolución que «resguarde garantías constitucionales».
«Los que pidieron la nulidad son los abogados. Yo estoy para ir a declarar lo más rápido posible. Si el juez dice que vaya mañana, voy a estar ahí», aseguró el vicepresidente a Radio del Plata, de Buenos Aires.
Boudou sostuvo que sus abogados «tienen que cumplir con su tarea y eso va por el carril profesional».
«Ahora, por el carril institucional y personal, yo estoy para ir a declarar mañana, pasado, sábado, domingo, lunes o martes», afirmó.
La defensa del vicepresidente, que este martes había solicitado adelantar la declaración porque el 15 de julio Boudou estará a cargo de la Presidencia argentina, aseguró en el escrito presentado hoy que el alto funcionario «desea dar las explicaciones que resulten necesarias».
Sin embargo, los abogados sostuvieron que esas explicaciones deben ser brindadas con base en «descripciones jurídicamente válidas» y «respaldadas por un accionar coherente» por parte del juez a cargo de la causa Ciccone, que investiga la presunta compra irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica por parte de un empresario cercano al vicepresidente.
En este sentido, afirmaron que en el auto de citación a indagatoria el magistrado «ha incurrido en una palmaria violación del principio constitucional al debido proceso y del derecho constitucional de defensa en juicio, así como también de las previsiones del código de forma, en cuanto exigen congruencia en el accionar».
De este modo, insistieron en que no se trata de que Boudou, denunciado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, «no vaya a prestar la declaración que el juez ordenara» sino que lo «haga en base a una descripción concreta, precisa y jurídicamente válida de los hechos que se le imputan», según el escrito cuyo contenido fue difundido por la agencia oficial Télam.
«En esta causa ya no hay nada lógico (…) Pero eso no tiene que ver con que yo quiera ir a declarar para demostrar mi inocencia», dijo Boudou, quien afirmó que «es un mamarracho lo del juez».
En julio de 2010, un juzgado del fuero comercial declaró la quiebra de Ciccone a petición del Fisco argentino por deudas impositivas, pero la Justicia levantó la declaración tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos.
Después del levantamiento de la quiebra, la compañía quedó en manos de The Old Fund, presidida por Alejandro Vandenbroele, señalado como «testaferro» de Boudou, aunque el vínculo es negado por el vicepresidente.
Según el auto de citación a Boudou, las pruebas de la Fiscalía indican que el vicepresidente y José María Núñez Carmona, empresario y amigo del funcionario, habrían adquirido Ciccone, mientras Boudou era ministro de Economía, a través de The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, «con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial».
Amado Boudou dejó la cartera de Economía tras las elecciones de 2011 para ocupar la Vicepresidencia, pero las denuncias por su presunta implicación en escándalos de corrupción eclipsaron su carrera política.
Se trata de la primera vez que un vicepresidente del Gobierno en ejercicio es llamado a declarar como imputado ante los tribunales en Argentina desde el retorno a la democracia, en 1983. EFE