Ecuador, jueves 18 de enero de 2018

Los principales puntos de la denuncia del fiscal contra Cristina Fernández

En esta imagen de archivo, tomada el 29 de mayo de 2013, Alberto Nisman, el fiscal encargado de investigar el ataque con bomba de 1994 a una mutual judía, habla con periodistas en Buenos Aires, Argentina. (Foto AP/Natacha Pisarenko, File)

BUENOS AIRES (AP) — Estos son los principales puntos de la denuncia del fiscal argentino Alberto Nisman, quien investigaba un atentado contra una sede judía de Buenos Aires en 1994. El fiscal fue hallado muerto el lunes en su domicilio, horas antes de su cita en el Congreso en la que tenía previsto detallar sus acusaciones.


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-El fiscal acusó a la presidenta Cristina Fernández, al canciller Héctor Timerman y a allegados del gobierno, entre otras personas, de “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes” acusados del atentado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que causó la muerte de 85 personas. El gobierno ha negado tales acusaciones y tildó al fiscal de mentiroso.

-Las imputaciones contra los acusados son “encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estorbo del acto funcional”, sostuvo el fiscal en un escrito que hizo llegar a los periodistas el miércoles.

-La presidenta y su canciller decidieron “fabricar la inocencia de Irán para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos” de Argentina, dijo Nisman.

-Por orden de la mandataria -agregó el fiscal- el canciller celebró “acuerdos secretos con Teherán” para llevar a cabo una “maniobra criminal” que incluyó “el armado de una pista falsa, basada en pruebas fraguadas, para desviar la investigación judicial hacia culpables inventados”.

-Nisman señaló que el supuesto plan para desvincular a los ocho iraníes acusados del ataque -de los cuales sobre cinco pesan notificaciones rojas de Interpol- se valió de una diplomacia paraestatal integrada por personal de la Secretaría de Inteligencia de la presidencia, el diputado oficialista Andrés Larroque, los dirigentes sociales Luis D’Elía y Fernando Esteche y el “referente comunitario” y nexo local de Irán Jorge “Yussuf” Khalil.

-Según el fiscal, las órdenes partían supuestamente de la mandataria, pasaban por el diputado Larroque o por personal de la Secretaría de Inteligencia, luego por D’Elía para llegar a Khalil y de allí eran enviadas a autoridades iraníes como el ex consejero cultural de la embajada de ese país en Buenos Aires Moshen Rabbani, acusado por Nisman de ser uno de los autores intelectuales del ataque y sobre el que pesa una orden de detención.

-El plan habría incluido una reunión “secreta” en enero de 2011 entre los cancilleres de Irán y Argentina en la ciudad siria de Alepo, en la que “Timerman transmitió a Irán la decisión” argentina de “abandonar el reclamo de justicia” por la AMIA.

-Además contempló el armado de una “pista falsa” que de “modo creíble” acusara a una “conexión de fachos (fascistas) locales”.

-Nisman dijo posteriormente a periodistas que contaba con “muchísimas pruebas” para sostener sus acusaciones, las cuales no podía revelar en su totalidad por ser “confidenciales”, y que la investigación de los actos de la mandataria “surgió de casualidad” a partir de escuchas telefónicas avaladas por la justicia en el marco de la investigación del ataque a la AMIA.

-Indicó que en esas escuchas -recogidas en los últimos dos años y medio- no se interceptaron declaraciones de Fernández, pero puntualizó que en “los audios se dice claramente” que el supuesto plan para proteger a los iraníes habría sido ordenado por la mandataria.

-Nisman dijo que chequeó que “efectivamente lo que se dijera (en cada audio) estuviera corroborado por al menos otra prueba o que se consustanciara con la realidad”.

-El fiscal también criticó la decisión del gobierno de firmar en 2013 un memorando de entendimiento con Irán con el alegado propósito de avanzar en la investigación del atentado para que fiscales argentinos pudieran interrogar a los sospechosos en el país islámico. Ese pacto, declarado inconstitucional por un tribunal argentino, “es la culminación de un proceso de impunidad”, dijo Nisman.