El Consejo Nacional de Economía Productiva, instancia multilateral creada por el Ejecutivo para atender la emergencia económica del país petrolero, comenzó hoy sus trabajos en una jornada turbada por el asesinato de un periodista afín al chavismo.
La muerte del comunicador fue repudiada por un gran número de personajes de la vida política del país, tanto del oficialismo como de la oposición, y trajo de nuevo al primer plano otro de los principales problemas del país suramericano: la inseguridad.
El Consejo Nacional de Economía Productiva, encabezado por el vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, y el vicepresidente económico, Luis Salas, se instaló en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, con la participación de economistas, empresarios, gobernadores y alcaldes.
El vicepresidente económico señaló que la instancia fijará «las líneas de trabajo para ir dando respuesta rápida a algunos temas, que tienen que ver tanto con los temas coyunturales, como estructurales», en el sentido de «ir teniendo una agenda común».
«Nosotros tenemos que enfrentar y dar la batalla para que nuestros hijos, nuestros nietos, no la tengan que dar y ellos tengan una Venezuela que es la que todos merecen tener», dijo Salas en una entrevista con la radio estatal RNV.
El ministro insistió en que, pese a «la situación complicada» que tiene el país, no se pueden tomar decisiones que vayan a «afectar o a hipotecar el futuro de quienes vienen después».
Las acciones del Consejo, que planea rescatar al país de la crisis económica agravada por la caída de los precios del petróleo, están enmarcadas en el decreto de emergencia nacional dictado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que aún debe ser convalidado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
En la jornada de hoy, una comisión especial de la AN -controlada por opositores-, comenzó a evaluar las implicaciones del decreto, que será sometido a votación el próximo viernes en el pleno.
El objetivo de esta comisión será analizar el documento y elaborar un informe de conclusiones para la consideración del pleno del Legislativo, que deberá aprobarlo o rechazarlo por mayoría absoluta.
«No hay duda de que estamos en presencia de una crisis económica que yo calificaría como la crisis más aguda que ha sufrido la economía venezolana por lo menos desde el año 1959», afirmó el presidente de la comisión, el diputado opositor José Guerra, durante la instalación del grupo de trabajo.
Este argumento fue rechazado por el jefe de la bancada chavista, que forma parte de la comisión, Héctor Rodríguez, que pidió dejar de lado «el debate de política económica» y pidió a los diputados centrarse en el hecho real de que la caída del precio del crudo afecta al país, cuyos ingresos dependen del hidrocarburo.
«Nosotros tenemos dos direcciones: debatir política,(…) o tomar la decisión de si acompañamos al presidente o no en una emergencia económica que necesita medidas extraordinarias», señaló Rodríguez.
La «tormenta», como calificó Maduro a la situación económica actual del país caribeño, se mezcló hoy con la cuestión de la inseguridad que sufren los venezolanos al conocerse la muerte del jefe de prensa del Gobierno del Distrito Capital, Ricardo Durán, asesinado al salir de su residencia en una barriada popular de Caracas.
Según testigos, el periodista fue interceptado por tres desconocidos quienes pretendían despojarlo de su vehículo.
Durán opuso resistencia y los desconocidos efectuaron varios disparos contra él tras lo que volvieron a abordar el vehículo en el que habían llegado y huyeron del lugar sin llevarse el automóvil del periodista ni sus pertenencias.
El presidente Maduro lamentó la muerte de Durán, un crimen que aseguró fue cometido por sicarios y por el que pidió que se haga justicia.
El suceso ocurre cinco días después de que Maduro rindiera ante el Parlamento el balance de su gestión anual, en el que los opositores criticaron que no abordara el tema de la inseguridad.
El alcalde del municipio Libertador, en el centro de Caracas, Jorge Rodríguez, y el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, aseguraron que la muerte de Durán fue «por encargo» y declararon tres días de luto en la capital.
«Las primeras investigaciones señalan que resultó un asesinato por encargo, que no vengan ahora a tratar de enturbiar y obstaculizar las verdaderas razones», dijo Rodríguez en una rueda de prensa.
El alcalde, acompañado por otros miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), condenó el «vil» asesinato del periodista, con el que aseguró que se «procura llevar nuevamente al país a un expediente de oscuridad, agresión y violencia».
«Ya estamos hartos de que se recurra a eventos tan dolorosos, tan trágicos, como el asesinato de nuestro hermano Ricardo», sostuvo. EFE (I)